Más allá de la nueva ley minera, Canadá se posicionó favorablemente en el Acuerdo Canadá-Honduras de Libre Comercio de 2014, que beneficia las relaciones comerciales de las industrias con el Estado.
Las empresas mineras
canadienses representan el 75 por ciento de las empresas extractivas del mundo.
Canadá está literalmente desenterrando el planeta.
El Ministro de Relaciones Exteriores Ed Fast dice,
"el sector minero de Canadá... es líder mundial en prácticas mineras
responsables y estamos orgullosos de la prosperidad que este sector está
creando en el país y en todos los rincones del globo".
Sin embargo, los costos políticos, sociales y ambientales
son mayores que los que el gobierno o las corporaciones mineras canadienses
quieren hacernos creer.
En América Latina, Canadá y su industria extractiva son
vistos como los nuevos conquistadores; tienen sed de tierra y minerales y están
hambrientos de poder. Las empresas mineras canadienses a menudo se sitúan en el
epicentro de los conflictos de las comunidades, tanto en las comunidades
indígenas como no indígenas, y están vinculadas con la violencia, la
degradación ambiental, la corrupción y el asesinato. Una investigación
realizada por la propia firma canadiense ‘Prospectors and Development Association
of Canada (PDAC)’ encontró que las empresas mineras canadienses son
responsables por la mayoría de abusos contra los Derechos Humanos y ambientales
a nivel mundial. Ejemplos terribles en Guatemala, El Salvador y Honduras
erosionan aún más las alegaciones de Canadá de que está llevando lo "bueno" al mundo.
Las violaciones de Derechos Humanos y ambientales de las
empresas mineras canadienses han sido bien documentados por las comunidades
afectadas, organizaciones no gubernamentales y grupos de solidaridad
transnacionales. Tales injusticias son ejemplos tangibles de la profunda
violencia estructural con la que extractivas canadienses están
inextricablemente vinculadas. Sus acciones, bajo el disfraz de
"desarrollo", han socavado la gobernanza en los países donde la
democracia se puede describir como “desigual”, escribe la erudita legal Debbie
Johnston:
"La industria extractiva de Canadá busca
rutinariamente recursos naturales no explotados ubicados en los países
subdesarrollados que presentan debilidad, o en su defecto gobiernos a menudo
opresivos que, a su vez, dependen de la inversión extranjera de capital y
tecnología para explotar sus recursos y prosperar, y en algunos casos para
quedarse en el poder". Las empresas canadienses eligen operar activamente
en los países de Centroamérica con gobiernos corruptos y con un apoyo público a
menudo limitado.
Guatemala, por ejemplo, está actualmente envuelta en un
escándalo de corrupción de alto nivel. Miles de personas de todo el país
inundan las plazas de los municipios y la capital cada fin de semana, exigiendo
el fin de la corrupción, la impunidad e incluso la renuncia del ex- general del
ejército y actual presidente Otto Pérez Molina.
Mientras que el presidente permanece en el cargo, muchos
de sus ministros han dimitido. Entre estos el ministro de Energía y Minas,
Erick Archila, quien supervisó la concesión de licencias a los proyectos de
exploración y explotación de muchas compañías mineras canadienses. Archila
ahora enfrenta cargos criminales por haber concedido una licencia de
explotación a la empresa canadiense Tahoe Resources Inc. "sin la debida consideración
de las más de 250 quejas de la comunidad contra el proyecto", escribe
Ellen Moore de NISGUA. En 2012, Tahoe Resources abrió su mina de plata en el
municipio de Santa Rosa a pesar de la amplia oposición de los indígenas Xinca y
los residentes campesinos. Desde 2005 aproximadamente 1 millón de guatemaltecos
han votado "no" a la minería en sus territorios a través de las
consultas comunitarias.
"Consultas" llevadas a cabo en los
territorios indígenas que están protegidas por la Organización Internacional
del Trabajo, el Convenio 169 de la OIT, que establece los derechos de la
comunidad al consentimiento libre, previo e informado respecto a las políticas
y proyectos de desarrollo que afectan las formas de vida de los indígenas. A
pesar de la abrumadora oposición, numerosas extractivas canadienses continúan
operando en el país.
La empresa minera canadiense Goldcorp Inc., cuya Mina
Marlin opera en los territorios indígenas Mam y Sipakapense Maya, continúa su
décimo año de operación en Guatemala a pesar del abrumador rechazo a su mina de
oro por los lugareños. Goldcorp ha criminalizado implacablemente a indígenas y
campesinos, hombres y mujeres que se oponen al megaproyecto e incluso ha
evadido una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
suspender las operaciones después de que los Derechos Humanos y las
preocupaciones ambientales fueron llevados a esta instancia internacional.
En Honduras, Canadá jugó un papel crucial apoyando el
golpe militar respaldado por Estados Unidos en el 2009. Negándose a sancionar
al régimen militar de facto que tomó el poder. Poco después, la Embajada de
Canadá presionó para que haya reformas a la Ley de Minería de Honduras, pese a
la oposición general de la sociedad civil a las operaciones de minería a cielo
abierto. Según un informe del 2012 de Mining Watch Canada, desde "enero
2010 - enero 2013, los representantes canadienses trabajaron fuertemente para
ayudar a allanar el camino hacia una ley que sea más favorable a los intereses
de las empresas canadienses". Del mismo modo, el Consejo de Asuntos
Hemisféricos encontró que Canadá influenció de manera clave en el
establecimiento de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras
(ANAMINH), la misma que permite la concesión de por vida, exenciones de
impuestos y derechos al subsuelo de la tierra a las empresas mineras
canadienses. Canadá ha inclinado la balanza a su favor con su cabildeo por
mayores concesiones para la inversión extranjera en el sector minero de
Honduras.
Más allá de la nueva ley minera, Canadá se posicionó
favorablemente en el Acuerdo Canadá-Honduras de Libre Comercio de 2014, que
beneficia las relaciones comerciales de las industrias con el Estado. El
‘Consejo de Canadienses’, un grupo de defensa de la justicia social, cree que el
TLC "debilita la capacidad del gobierno para legislar por el bien público
y socava los derechos de la comunidad tanto laborales como del medio
ambiente". En Honduras, el 52 por ciento de todos los conflictos se deben
a la gestión de los recursos naturales.
La presencia de Goldcorp en el Valle de Siria ha atraído una
considerable preocupación sobre el uso multinacional y la contaminación de los
suministros locales de agua y los problemas de salud posteriores relacionados
con la extracción metálica. A pesar de ser reportadas estas violaciones
ambientales y de derechos humanos, la empresa continúa operando con impunidad.
En el vecino El Salvador, el gobierno colocó una
moratoria a la minería en 2008 en respuesta a una protesta pública abrumadora
para prohibir los procesos de extracción y proteger los escasos suministros de
agua potable del país. Tras la ejecución, licencias mineras concedidas
previamente fueron revocadas, poniendo fuera del negocio a los extractivos en
un momento en que el precio del oro llegó a más de US $ 1.000 la onza.
En respuesta, la canadiense Pacific Rim Mining Corp.
(ahora OceanaGold) demandó a El Salvador por US $ 301 millones, más o menos el
equivalente a un 5 por ciento del PIB del país. Sin lugar a dudas, demandas
como éstas amenazan los procesos democráticos de toma de decisiones en El
Salvador (y otros países), así como la capacidad financiera del país para
proveer fondos para el cuidado de la salud y la educación. Estos casos se
escuchan cada vez más en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
Según Mining Watch Canada, el número de demandas de inversionistas al Estado ha
pasado de sólo tres en 2000, a 169 en 2013; 50 por ciento de los cuales son
presentadas en contra de naciones Latinoamericanas. En última instancia, las
empresas tienen la capacidad de remover el poder de decisión de los ciudadanos
por demandas financieramente fuertes a las naciones más pobres en los
tribunales internacionales.
El papel de Canadá en América Central ha socavado la
democracia en la región. Las empresas mineras canadienses a menudo están
apoyando administraciones menos responsables y propagando corrupción a nivel
local y nacional. Más allá de su terrible historial con los indígenas, los
Derechos Humanos y el medio ambiente, las transnacionales canadienses corren el
riesgo de contaminar a generaciones futuras con gobiernos aún más
caracterizados por la corrupción y la impunidad y que continuarán colocando los
intereses del capital extranjero sobre los intereses del pueblo.
Al socavar los esfuerzos basados en los derechos de
comunidades, organizaciones y gobiernos, las empresas extractivas canadienses
están desestabilizando países que salen de conflictos ya frágiles como
Guatemala, Honduras y El Salvador.
*Alexandra Pedersen es una crítica canadiense y candidata
al doctorado en la Universidad de Queen.
