El martes 13 de octubre se dieron por suspendidas las
operaciones de búsqueda y rescate en El Cambray II, dos semanas después del
peor deslave en años en Guatemala. Un deslave que acabó con la vida de una
comunidad, en una colonia pobre y de clase media baja entre barrios exclusivos
de la metrópoli capitalina, del que nadie quiere hacerse responsable, por el
que al menos dos empresas lucraron y en el que tres oficinas públicas se echan
la culpa. Los vecinos eran parte del paisaje, trabajaban y pagaban impuestos.
Cuando el jefe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Alejandro Maldonado, hijo del Presidente, anunció que suspendía las operaciones de búsqueda, añadió que no le correspondía a la Conred declarar el lugar un cementerio, un camposanto. A otra institución le corresponde ese trámite. A la municipalidad de Santa Catarina Pinula. A la que le correspondía evacuar a los vecinos. La que responde que era a Conred a la que le tocaba obligar a otras instituciones nacionales a hacerlo.
Para que sucediera la tragedia de El Cambray II
convergieron varios elementos: la falta de acceso a vivienda popular, el desinterés
o la negligencia de las autoridades para garantizar no sólo los servicios
básicos y cobrar impuestos, sino el primer derecho que aparece en la
Constitución, el de la vida. Pero ese martes 13, el silencio sobre las montañas
de tierra hace difícil creer que allí hubo vida alguna vez.
Más de 280 muertos. 50 desaparecidos. Y 184 familias
damnificadas. 13 niños fallecidos en el derrumbe del Día del Niño, el 1 de
octubre. Vidas que son cifras para demostrar la desigualdad del país y el
funcionamiento del Estado.
Sí, otra crónica de muerte anunciada
En el lugar que hace años fue una finca, y que en 2001
fue llamado como una zona de riesgo para sus habitantes por la Conred, muchos
años atrás ya había sido declarado inhabitable. Los desastres allí ya tienen
bastante, pudo más la necesidad y la ilusión de la gente, la ambición de una
constructora y una desarrolladora, y dos municipalidades que se disputan el
cobro de impuestos en la zona fronteriza pero no se responsabilizan por no
haber protegido la vida de los vecinos.
El primer deslave que pudo pronosticar y evitar la
tragedia ocurrió en 1995. En aquella época, en la 26 avenida final, entrada a
El Cambray, fue el alud de un paredón, a la medianoche, el que alcanzó a una
familia y a varias personas que caminaban por el lugar. En esa época “había
pocas, pero la calle inclinada ya estaba asfaltada y había tendido eléctrico”,
recuerda Luis Assardo, exbombero municipal que atendió esa emergencia.
Eran pocas las casas y las personas que vivían allí, pero
el riesgo ya era notable. Los bomberos que llegaron, durante el rescate, y
varios quedaron atrapados entre el río de lodo. Lograron, con la ayuda de
cuerdas de seguridad, ponerse a salvo y suspendieron la búsqueda hasta el día
siguiente. “Durante esas horas nos quedamos cerca intentamos sacar a otras
familias de sus casas, pero no quisieron irse, aún cuando el río lodo pasaba
por sus patios”.
Murió una familia. Fue la primera advertencia.
La segunda llegó tres años después y tres semanas antes
del huracán Mitch. El 9 de octubre de 1998, un equipo de los Bomberos
Municipales fue enviado a un rescate en El Cambray. Había varias casas aún en
construcción. El otro lado del paredón también se había caído.
Sólo una de las viviendas que quedó soterrada estaba
habitada. “El rescate duró varias horas y alrededor de las 7 de la mañana se
recuperó el cadáver de un bebé, el último que quedaba en la vivienda”, relata
el bombero Assardo.
Un conflicto entre municipalidades
Los rescatistas sabían que cada vez que debían atender
ese lugar se trataba de una tragedia. Después de la última emergencia, el
departamento de Prevención y Seguridad de los Bomberos Municipales redactó un
reporte sobre lo peligroso que era el lugar.
El reporte se entregó a la municipalidad de la Ciudad de
Guatemala. Esta comuna y la de Santa Catarina Pinula, desde hace varios años,
mantienen una disputa legal por el territorio. La zona donde está ubicado El
Cambray, además, se encuentra dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
de Guatemala.
De hecho, en un libro publicado en 2009 por el todavía
alcalde de Santa Catarina Pinula, Tono Coro, quien renunció al cargo de dicha
comuna para participar por la alcaldía de Guatemala con el partido Líder, hace
referencia a la zona. “Los ríos Pinula y Las Minas, nacidos en las rafces de
las montañas del municipio de Santa Catarina Pinula, cubrieron la demanda de
los miles de usuarios capitalinos de esa época. En la actualidad el río Pinula,
abastece sectores de las zonas 10, 14 y 15 de la Ciudad de Guatemala a través
de la planta de tratamiento denominada EI Cambray que administra la empresa
municipal de agua (EMPAGUA) de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, pero
ubicada en la circunscripción territorial del municipio de Santa Catarina
Pinula”.
Ambas municipalidades reclamaban la soberanía territorial
sobre el Cambray, pero ninguna se hizo cargo de sus ciudadanos. El Cambray II
se construyó sin que la municipalidad de Pinula, que Coro administró por 16
años, le diera licencias de urbanización. No obstante, sí proporcionaba y
cobraba por los servicios municipales a ese lugar.
La responsabilidad, eso sí, no es algo que ninguno se
dispute.
Sin acceso a un mejor lugar (y empresas listas para
lucrar)
En 1995 y 1998 ocurrieron las primeras muertes en el
lugar. En 2001 se emitió un reporte que decía que era una zona inhabitable. Un
barranco húmedo y con un caudal permanente. Entre el río y las lluvias; entre
los paredones descubiertos y sin vegetación de los cuales cae tierra,
eventualmente iba a suceder algo malo.
Pero la gente no se retiró. “Decían que no tenían adónde
ir”, comenta el bombero Assardo sobre los primeros dos deslaves. Y hasta 19
años después, cuando ya hay más de 300 muertos y en el lugar sólo quedan
ruinas, es cuando las autoridades se preocupan por este tipo de casos. De los
más de 500 asentamientos que reporta la Municipalidad de Guatemala, al menos
412 se encuentran en áreas de riesgo.
Las construcciones de El Cambray II eran formales, pero
inadecuadas. Por esa razón, en 2014 la Conred declararía de alto riesgo la
zona. Años atrás un informe llamó inhabitable el lugar, pero eso no fue
problema para que la inmobiliaria Proyectos Girasol S.A., una compañía que
vendió lotes en el lugar.
La última dirección que registró fue la 13 avenida 14-10
zona 10, colonia Oakland. Pero en ese lugar opera otra empresa, que nada tiene
que ver con la lotificadora. El dueño es Danny Edward Zaid Mazer, pero no fue
posible contactarlo. Uno de los socios de Zaid, Francisco Samayoa Fernández,
argumentó a ContraPoder que hicieron el proyecto antes de que fuera declarada
zona de riesgo y que desde que la municipalidad de Santa Catarina Pinula les dio
servicios básicos y les cobró IUSI, “el proyecto quedó en manos de la muni
desde 1997”.
Soy502 encontró a una segunda lotificadora, propiedad de
Carlos Bonifasi, un reconocido estafador de financieras y bancos de los años
90.
Para el ingeniero civil Gustavo Cosenza, “en un sitio
calificado de alto riesgo no debería construirse ningún tipo de edificación que
albergue personas”. Además, las autoridades no actuaron cuando la Conred
calificó de alto riesgo el sector. Para la Conred, las municipalidades son las
responsables de evacuar las áreas en riesgo. Para la municipalidad de Santa
Catarina, es responsabilidad de la Conred. La municipalidad de Guatemala no
intervino tampoco en un terreno que reclama como propio.
Imposibilidad de comprar casas dignas en el mercado
De acuerdo con Fondo Guatemalteco de la Vivienda
(Foguavi, del Ministerio de Comunicaciones) el déficit habitacional es de más
de 1 millón 220 mil. El el salario mínimo en Guatemala es de es de Q2,346 en
las áreas urbanas. Una casa tipo “B” tiene un costo aproximado de más de
Q100,000. La posibilidad de mudarse de un lugar a otro, por cuestiones de
seguridad, es algo que realmente puede ser un imposible para muchos
Publicación de la revista
Por Pep Balcárcel