Todos estamos felices con la CICIG. Mete a la cárcel a
corruptos, a Byron Lima, a Otto Pérez Molina, a Roxana Baldetti, a Haroldo
Mendoza por narco, a la directiva del IGSS, persigue a Gustavo Alejos, tiene en
jaque a Líder. Es posible gracias a muchas guatemaltecas y guatemaltecos
valientes que se enfrentan a estas estructuras. Pero es posible también por el
financiamiento extranjero a oenegés especializadas y a la misma CICIG. Y culpa
de grandes empresas y el gobierno de Pérez Molina, entre 2012 y 2015 perdimos a
dos embajadas aliadas: Holanda y Noruega.
Por Martín
Rodríguez Pellecer
Para muchos guatemaltecos urbanos, el concepto de
‘cooperación extranjera’ viene amarrado de ‘financiamiento de terroristas’.
Esta idea no sólo es mentira sino que es un concepto fabricado por una campaña
que le hace mucho daño a nuestra democracia.
La cooperación internacional normalmente va a los países
más pobres del mundo. Guatemala no es de los países más pobres; es de renta
media. Y en una primera mirada, no debería recibir cooperación. Pero resulta
que somos uno de los países más desiguales del mundo y eso provoca un 60 por
ciento de pobres, ser uno de los 11 más violentos del mundo y un Estado
capturado por los poderosos. Unos poderosos, además, que son egoístas y no
quieren pagar más impuestos para redistribuir educación de calidad o créditos
ni tampoco quieren pagar mejores salarios.
Y entonces es lógico que los gobiernos internacionales
quieran apoyar a las organizaciones que buscan que Guatemala sea un país más
justo y un Estado al servicio de los ciudadanos. Que buscan que Guatemala deje
de ser tan desigual, con tantos pobres y con tanta violencia.
Además de la CICIG, dentro de la sociedad, ¿quiénes son
estas organizaciones que reciben fondos de países como Noruega, Holanda u otros
europeos? Acá dos ejemplos, muy distintos: 1) El Comité de Unidad Campesina
(CUC), que reivindica el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho a la
resistencia a la minería, que puede ser cuestionable, pero también fue el que
convocó y trajo campesinos para la gran manifestación para exigir la renuncia
de Pérez Molina el 27 de agosto de 2015.
O Nómada, este medio digital que busca hacer
periodismo independiente de los más poderosos y que no es del agrado de algunos
porque menciona palabras incómodas. ¿Cuáles? Sobornos empresariales,
desigualdad, pagar impuestos, genocidio, feminismo, soberanía sexual, Estado
laico, progreso para todos, disfrutar la vida, unión de clases sociales,
empatía, esperanza en un país en el que todos podamos ser plenos sin importar
si nacemos ricos o pobres, hombres o mujeres, mayas o mestizos. Financiamos
nuestro periodismo con publicidad, eventos, inversiones de socios, un préstamo,
donaciones de lectores y cooperación internacional que viene de Holanda,
Noruega, Suecia, Nueva York o Londres. Una de las ventajas de recibir fondos de
cooperación es que no censuran ni nos exigen contenido, como grandes empresas
lo hacen con otros medios.
Pero a los ciudadanos y las organizaciones nos hace falta
aprender de estrategia. Veamos la que hicieron algunos poderosos para hacer que
dos aliados, Holanda y Noruega, decidieran cerrar sus embajadas en Guatemala.
Los cuatro pasos de la estrategia
Antes, dos matices. Uno: Venimos de 12 años en el que el
gobierno de los grandes empresarios, el de Óscar Berger, decidió que Guatemala
sería un país minero. A pesar de que no iban a pagar impuestos, que no había
controles ambientales y que las comunidades indígenas y mestizas se oponen
porque esa minería así no los va a sacar de pobres. Y dos: en Holanda y Noruega
llegaron gobiernos de partidos conservadores/libertarios que creen que la
cooperación internacional es un gasto, debe reducirse y enfocarse en los países
pobres o con crisis, como Siria. Y si a esto le sumamos la estrategia para
echarlos, pues era más fácil tomar la decisión de irse de Guatemala.
1. Financiar a un candidato para obtener beneficios
Desde 2002 y con más fuerza desde 2007, grandes empresas
decidieron apoyar financieramente a un candidato conservador, con un pasado
oscuro y corrupto: un militar de nombre Otto Pérez Molina. Él mismo le dijo a
la embajada estadounidense que lo financiaban las cuatro grandes familias: los
Castillo, los Novella, los Herrera y los Gutiérrez. Dueños de la cerveza, el
cemento, el azúcar y el pollo.
Pero al Tribunal Supremo Electoral le dijo que lo habían
financiado otros, como el grupo Imágenes Urbanas, de Emisoras Unidas, de la
familia Archila.
A cambio de este apoyo, cuando llegó al gobierno (entre
otras cosas) colocó como ministro de Energía a Erick Archila, dueño de Canal
Antigua, y a un exgerente de Cementos Progreso, Jorge Lemcke, como embajador de
Guatemala ante Holanda.
Además, colocó como ministro de Relaciones Exteriores a
un político de los empresarios de la élite, Harold Caballeros, del partido
Viva. Como otros gobiernos, les cedió la diplomacia a los grandes empresarios.
Y una de las prioridades diplomáticas guatemaltecas fue detener el
financiamiento europeo a organizaciones campesinas e indígenas que se oponen a
la minería, sea en San Marcos o en San Juan Sacatepéquez, donde tiene una
planta Cementos Progreso.
2. Decirles terroristas a las organizaciones y a los
cooperantes
A inicios del gobierno de Pérez Molina, se transmitió en
Canal Antigua –el canal de Erick Archila– una supuesta investigación
periodística en el programa de Sylvia Gereda y Pedro Trujillo. Una periodista y
un ultraconservador “descubrieron” evidencias que mostraban que Suecia y otros
europeos financiaban a terroristas.
Aquí está otra versión, más rigurosa de la historia,
escrita por Nómada: Los primeros, los últimos y los próximos muertos de San Juan Sacatepéquez.
A Gereda y Trujillo se sumaron columnistas de extrema
derecha en elPeriódico y Prensa Libre, que empezaron a llamar terroristas a las
organizaciones campesinas. Y el problema con llamar terrorista a alguien es que
con los terroristas no se negocia ni se discute de política, a los terroristas
hay que neutralizarlos y eliminarlos.
¿Qué pasó el 4 de octubre de 2012, del primer año de
Pérez Molina? El Ministerio de la Defensa masacró a 6 manifestantes de 48
cantones de Totonicapán en la carretera Interamericana.
No hay una responsabilidad directa, es obvio, entre
llamar terroristas a unos grupos y que un Gobierno aliado haga una masacre.
Pero digamos que es una gran irresponsabilidad llamar terroristas a grupos que
hacen oposición política.
Y la violencia engendra violencia. En San Juan
Sacatepéquez han asesinado a líderes comunitarios que se oponen a la cementera
y en 2014 masacraron a 9 colaboradores de Cementos Progreso, sin que el Estado
hiciera algo para frenar estos crímenes; y la élite no quiere pagar más
impuestos para que el MP pueda tener agencias en todo el país, incluido San
Juan.
3. Demandas penales contra líderes
Para evitar que puedan hacer contrapesos dentro del
Estado, las gremiales o las grandes empresas han puesto demandas contra algunos
líderes comunitarios en Huehuetenango, por ejemplo. Hay una desigualdad ahí.
Mientras un exgerente de Cementos Progreso puede ser nombrado embajador, un
líder que se opone a una hidroeléctrica en Huehuetenango no puede ser candidato
a alcalde porque está con una demanda penal y preso –aunque una vez pasaron las
elecciones un juez encontró que no hay responsabilidad penal–. Es una
democracia bastante hipócrita.
Al trabajo desde la cancillería de Harold Caballeros, que
visitó Holanda, Suecia y Noruega desde su primer año para pedir que dejaran de
financiar a organizaciones campesinas ‘revoltosas’, a este trabajo usando
fondos gubernamentales se sumó el trabajo particular de empresas que viajaron
ellas mismas a Noruega, por ejemplo, para pedir que dejaran de financiar a sus
opositores.
Tres académicas escribieron en Plaza Pública que hay
registros de visitas a Noruega de personeros de Cementos Progreso o del
comunicador Pedro Trujillo, el del primer programa en Canal Antigua, donde se
llamó terroristas a las organizaciones campesinas. Las visitas eran para pedir
que dejaran de financiar a organizaciones terroristas.
Y bueno, pues Holanda cerró su embajada en Guatemala y se
quedó con la de Costa Rica. Y Noruega cerrará en 2016 y se quedará con la de
México. Holanda y Noruega explicaron cuando anunciaron estas decisiones que se
debía a dinámicas internas de sus países.
***
Que las empresas o los conservadores hagan este lobby
para avanzar sus causas es legítimo, es parte del juego de la política. Lo
hacen también organizaciones de derechos humanos y especializadas en la lucha
contra la impunidad.
Lo que es ilegítimo es que se financie a un candidato
(sin hacerlo público) y después se cobren recursos públicos para hacer avanzar
sus causas. Lo que es ilegítimo es hacer una campaña para calificar de
terroristas a opositores políticos.
Erick Archila, exministro de Energía y Minas y dueño de
Canal Antigua, respondió que la empresa Imágenes Urbanas (que financió a Pérez
Molina) es de sus familiares, pero que él no es accionista y por lo tanto no
tiene responsabilidad sobre ella. Agregó que aceptó el cargo de ministro para
servir al país. Recordó –y es cierto– que los periodistas en Canal Antigua
gozan de independencia para publicar, como ocurrió con el programa de Sylvia
Gereda y Pedro Trujillo. Pero los dueños de medios sabemos que si damos una
columna o un programa a radicales, publicarán productos radicales. O si se dan
programas a periodistas serios, publicarán productos serios –como también hace
Canal Antigua–.
Rolando Archila, hermano del exministro, aclaró que su
empresa, Grupo Imágenes Urbanas, nunca financió a Otto Pérez Molina. Explicó
que en 2009 compró a Alejandro Sinibaldi, otro exministro, parte de la empresa
Imágenes Urbanas (sus bienes, no sus deudas) y que mantuvo parte del nombre
comercial. “Grupo Imágenes Urbanas e Imágenes Urbanas (que aparece como la
principal financista del PP) son empresas completamente diferentes”, añadió.
“Nunca hemos sido parte de ninguna estrategia para que embajadas se retiren del
país”. *
Cementos Progreso declinó opinar para este artículo.
Respondieron que se trata de prejuicios de este periodista que escribe. Ni una
mención sobre las evidencias.
De momento, los poderosos ganaron una batalla en
Guatemala. Aportaron para que cerraran embajadas en el país dos amigos contra
la impunidad y la injusticia. Pero es demasiado temprano para enojarse o
desalentarse. Hay un país por cambiar.