El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados
sobre lo que afecte a sus tierras es violado por Gobiernos, empresas e incluso
ONG. La FAO edita un manual para el respeto de ese consentimiento.
Imagina que un día un perfecto desconocido, un millonario
o un funcionario aparecen en tu casa y te dicen que van a pintar de otro color
las paredes. O que van a cambiar las cortinas. Puede que lo hagan de buena fe.
Porque creen que será mejor para ti o que tu casa quedará mucho más bonita. O
puede que no tengan tan buenas intenciones, lleguen y te digan que van a
quedarse con el salón, la cocina y el baño para montar un negocio, y que casi
mejor que no salgas de tu habitación. Y si protestas, te dirán que eres un
reaccionario enemigo del progreso económico y tratarán de poner a tu familia en
contra. Quizá acaben por perseguirte. O incluso matarte, como le ocurrió a
Berta Cáceres.
Así es como se sienten los cientos millones de miembros
de comunidades indígenas cuando Gobiernos o empresas tratan de explotar o tomar
sus tierras para obtener recursos mineros, hídricos o forestales. O cuando
agencias de cooperación u ONG llegan para ayudarles diciéndoles desde el
principio cómo tienen que mejorar sus vidas. Sin pedirles su opinión. Sin
preguntarles. Sin informarles. Ni mucho menos obtener su aprobación.
El ejemplo de la invasión de la casa, utilizado por Yon
Fernandez de Larrinoa —del equipo de Pueblos Indígenas de la FAO (agencia de la
ONU para la alimentación y la agricultura)— ilustra bien el problema de la
falta de respeto a los derechos de estas comunidades. Y el incumplimiento de
tratados y acuerdos internacionales como el convenio 169 de la Organizacion
Internacional del Trabajo, de 1989. "Las consultas a los pueblos indígenas
no se realizan en el 99% de los casos", según ha denunciado este jueves en
Roma Álvaro Pop, presidente del Foro de Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas.
Pop no se ha sentido capaz de mencionar un solo caso en
el que un proyecto que afecte a pueblos indígenas haya respetado todos los
derechos de estos. Porque, como ha apuntado Fernández de Larrinoa, "no
basta con consultar". De acuerdo con el principio de Consentimiento Libre,
Previo e Informado, no vale preguntar a toro pasado. Ni hacerlo sin informar
debidamente sobre los detalles del proyecto, sea una plan de desarrollo, una
obra, una explotación... Ese "debidamente" implica utilizar los idiomas
propios de estas comunidades —"nuestro ADN", en palabras de Pop—, no
limitarse a repartir panfletos... Por último, no vale preguntar y pasar de la
respuesta. Para hacer cualquier cosa en casa ajena, hay que obtener el
consentimiento del dueño.
Álvaro Pop: “Las consultas a los pueblos indígenas no se
realizan en el 99% de los casos”.
En este sentido, la FAO y varios de sus socios en los
proyectos de cooperación han editado un manual para respetar estos principios
en todas sus iniciativas. Los planes que no cumplan con esas directrices no se
llevarán a cabo por muy buenas intenciones que alberguen. "Hay que
consultar a las comunidades. También a los jóvenes. No puedes llegar a una
comunidad pesquera a proponerle un proyecto para que produzca maíz". Era
el ejemplo que ponía este martes en otro evento en Roma Dali Angel, del Caucus
de Juventud Indígena (una asociación global de jóvenes indígenas). La nueva
guía se enmarca dentro del plan de acción de todo el sistema de Naciones Unidas
para cumplir con su propia declaración de los derechos de los pueblos
indígenas, unos 370 millones de personas repartidos en 5.000 comunidades
distintas de todos los continentes.
Pop ha saludado la edición del manual como un avance
"sumamente importante", pero ha defendido que la única manera de que
se respete realmente el principio del consentimiento es que los países lo
incluyan en sus procedimientos legales. "Tiene que tener la coercitividad
del Estado", ha mantenido, al tiempo que señalaba a Perú, Chile o Colombia
como los países que tienen "algún tipo de procedimiento más o menos
claro". Pero ha insistido en que por ahora no hay experiencias plenamente
armónicas. Al contrario, según este analista político guatemalteco maya,
quienes exigen una consulta acaban criminalizados, perseguidos o asesinados.
El respeto a los derechos de los indígenas sobre sus
tierras, bosques y ríos es especialmente relevante teniendo en cuenta que
muchos de ellos dependen de estos recursos para subsistir. Son el 5% de la
población, pero cuentan con el 15% de los pobres del mundo y numerosos
problemas de hambre y desnutrición. "La tierra es la base de la vida de
estos pueblos", como sostenía este martes Erika Yamada, de la red de
expertos en asuntos indígenas de la ONU. "Y como tal, es un derecho fundamental".
Pero Yamada insistió en que se ignora constantemente por racismo, una visión
colonialista y falta de información.
"La tierra te da y tienes que devolver con respeto", argumentaba Pop. "Los pueblos indígenas viven con la tierra de manera intensa". No por casualidad estas comunicades albergan el 75% de la biodiversidad del planeta. "Nos hemos encontrado con un Occidente que tiene contradicciones sobre el tema. Le falta una ética en términos de relaciones con los recursos y la naturaleza". Y, por lo que se ve, tamién en relación con lo que se hace en las casas ajenas.