En tres días, el equilibrio de poderes económicos en Guatemala se trastocó. Cuatro de las empresas más grandes y poderosas entraron en problemas con la justicia o en enfrentamiento directo entre ellas. Es muy complejo. Éste es un resumen de por qué puede cambiar el futuro inmediato de la economía y de la política del país. Y claro, de la captura del Estado.
1.
Claro y su confesión del financiamiento ilegal de Q15 millones
La
CICIG y el MP descubrieron en 2016 que Claro estaba entre las empresas que
habían dado financiamiento electoral ilegal al Partido Patriota por medio de
las empresas creadas por el binomio de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina.
Entonces, el CEO de Claro, Julio Carlos Porras Zadik, fue a la CICIG y confesó
que no sólo había financiado ilegalmente a esa estructura del PP, sino también
a la de Alejandro Sinibaldi por intermediación del asesor del partido y
exembajador ante Washington de Pérez Molina, Julio Ligorría. Y contó a detalle
cómo funcionaron estos pagos ilegales.
Por
esta colaboración eficaz con la justicia, fue condenado con una pena reducida.
Porras
Zadik confesó y denunció que el argumento del intermediario Ligorría era que si
querían resolver las disputas que tenían con Tigo en el Ministerio de
Comunicaciones, debían aportar Q15 millones a Sinibaldi para igualar los
aportes de Tigo y, además, arreglar una reunión entre el dueño de Claro –el
mexicano Carlos Slim–, Otto Pérez y Roxana Baldetti.
Recordó
que Tigo había salido victorioso de las demandas multimillonarias contra Claro.
Estas fueron en tiempos de la UNE, de Álvaro Colom y de Gustavo Alejos –quien
nombraba a los ministros de Comunicaciones–.
Sinibaldi
y Ligorría están prófugos por este caso. Y me parece increíble que no podamos
capturarlos. Hay un registro del último aeropuerto que usaron. Con sus
pasaportes guatemaltecos o italiano. Sólo es de revisar en qué país fue y a partir
de ahí seguir la búsqueda. No es tan complicado. Y que rindan cuentas ante la
justicia con juicios transparentes y (ojalá) mucho más ágiles que los actuales.
¿Aló Cancillería, Gobernación y MP?
2.
La investigación de la CICIG contra Tigo, la UNE ¿y Carlos Slim?
Entonces
ahora vendrá una investigación más por parte del MP y la CICIG: ¿Financió Tigo
ilegalmente con Q15 millones a Sinibaldi? ¿Habrá dado dinero a alguien en el
gobierno de la UNE para ganar esas disputas en el ministerio de Comunicaciones?
Pero
también debería abrirse otra. Me parece que debería investigarse si Carlos Slim
estuvo al tanto del pago ilegal de US$2 millones para resolver la disputa con
Tigo. Y también, que parte del acuerdo era que se tomara una foto con Pérez
Molina y Baldetti.
Como
en Guatemala y en América Latina la justicia empieza a funcionar, incluso
contra los más poderosos, no sería imposible que alcance al más fuerte de todos
los latinoamericanos, don Carlos Slim.
3.
¿Debería investigarse la concesión de las frecuencias de teléfono?
Tigo
tiene más o menos el 43% del mercado y Claro, el 33%.
El
Estado de Guatemala les concedió las frecuencias (gratis, si mal no recuerdo) y
ellos hacen muchísimo dinero por el servicio que prestan –aunque la
Superintendencia de Telecomunicaciones no tiene capacidad, o voluntad, para
fiscalizar si pagan los impuestos que deberían–.
Ahora
sabemos dos cosas. Una es que usan el dinero que hacen de las frecuencias para
financiar ilegalmente a candidatos. Y que lo hacen como si fueran facturas por
operaciones normales de la empresa (que debería revisar la SAT).
Los
rusos interfirieron en las elecciones estadounidenses para que ganara Donald
Trump y miren el escándalo.
Empresas
gigantes interfirieron en las elecciones guatemaltecas con financiamiento
ilegal y lograron que el Partido Patriota llegara al Gobierno. Y el PP era una
máquina de robar que desfalcó al Estado. ¿No debería revisarse y hacerse nuevos
contratos? ¿O cambiarse alguna ley que diga que si una empresa a la que le
confiamos una frecuencia interfiere en política con sobornos, pues pierde la
frecuencia? ¿O hacer nuevas reglas para otorgar la del 4G?
Es
grave cómo jugaron con nuestra democracia.
Y
por cierto: la SAT también debería revisar si Claro estafó al fisco y declaró
esos Q15 millones como gastos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. Y debería
multárseles.
4.
La otra gran disputa de gigantes: Sonora versus “CMI”
Dos
días antes de que esto pasara, ocurrió otra declaratoria de guerra. Radio
Sonora, propiedad de Ángel González, lanzó una mentira en contra de
“Corporación Multi Inversiones”. Lo entrecomillo porque no mencionó el nombre,
pero dio todas sus descripciones.
El
director de la radio, Arnulfo Guzmán –que pasará a los anales del no-periodismo
y ojalá de la justicia, porque promovió un linchamiento en vivo en la radio– y
el conductor Luis Pellecer dijeron en un programa la siguiente noticia falsa:
Una
corporación de pollo, avícola, de infraestructura, de hidroeléctricas en las
Verapaces y que tiene la tercera telefónica en el mercado dio Q30 millones a
Codeca para bloquear las carreteras del país para sacar del gobierno a Jimmy
Morales.
Corporación
Multi Inversiones es la única corporación que tiene empresas de pollo, avícola,
infraestructura e hidroeléctricas en las Verapaces.
Recordemos
que Sonora y el monopolio de la televisión abierta no son medios periodísticos,
sino de entretenimiento y de manipulación política. Recordemos cómo disfrazaban
de noticia anuncios de Manuel Baldizón o Jimmy Morales en 2015.
Entonces
lanzar un ataque con una difamación de este tamaño sólo podía venir por orden
del dueño, Ángel González.
Y
todo viene por una decisión ética en la que tuvo que ver un miembro de la
Corporación Multi Inversiones (CMI), uno que es muy influyente y es uno de los
patrocinadores principales de Fundesa y del Encuentro Nacional de Empresarios
(Enade).
Hace
un año, Nómada fue el único medio que cuestionó a Fundesa y al Enade por la
incoherencia de promover la transparencia y tener como aliado a una corporación
como la de Ángel González. Canal 3 era uno de sus patrocinadores principales, a
pesar de los señalamientos de financiamiento ilícito que hicieron el MP y la
CICIG. Estos motivaron, a su vez, que la representante legal, Alba Lorenzana,
la esposa de González, huyera.
El
director ejecutivo de Fundesa defendió la decisión de incluir a Albavisión como
patrocinador. Aquí, la entrevista de 2016: “No somos quién para juzgar a Canal
3”.
Para
este año, Fundesa y el Enade decidieron vetar la participación de Canal 3 como
sponsor. Lo hicieron de una manera sofisticada. Le pidieron a la Universidad
del Istmo un manual de ética, y este dice que no deberían de aceptar como
patrocinadores a empresas con representantes legales prófugos.
Eso
me dijeron dos personas que vieron el manual que Fundesa hará público hasta dentro de un año. ¿Será una excusa para
que después no vayan a tener que retirar a otras empresas patrocinadoras que
puedan tener a representantes prófugos?
De
cualquier manera, es una decisión acertada que les costó un año tomar, pero que
hicieron. Esta realmente podría desestabilizar el monopolio de Ángel González.
Y la respuesta de Ángel González fue lanzar esa campaña negra contra CMI, pues
el presidente de Fundesa es Felipe Bosch, parte de la familia propietaria de
CMI.
¿Servirá
esto de acicate para que el timorato gobierno de Jimmy Morales también se
distancie de su antiguo patrón, Ángel González? ¿Para que la PGN le quite las
concesiones utilizadas para interferir directamente con sobornos en la
democracia guatemalteca?
¿Para
que las otras grandes empresas del país vean que su ‘aliado-cliente’ de Canal 3
puede lanzarles campañas negras si un día deciden dejar de hacer negocios con
él?
Un
declaratoria de guerra contra la corporación más poderosa del país no es
gratuita. Quizás Ángel González sabe que su salida del club de Fundesa y el
Enade puede ser el principio del fin.
Los
dos terremotos afectan a cuatro megaempresas del país, gigantes económicas y
políticas.
Y
no sabemos cómo será el futuro, sólo que será mejor
