CICIG
y opositores, ¿dónde estamos después de dos meses de crisis?
¿Adónde han llevado a Guatemala el
presidente Jimmy Morales y sus aliados en el Congreso y el sector privado desde
que emprendieron la última ofensiva contra el jefe de la CICIG? ¿Qué ha cambiado?
¿Qué no ha cambiado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué elementos podrán ser determinantes?
POR Martín Rodríguez Pellecer / 23
Octubre, 2017 / OPINIÓN
Esta es una opinión
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El jefe de la CICIG recibe el aplauso de
pie de la audiencia en la entrega del décimo
informe de labores de la CICIG.
Foto: Carlos Sebastián
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La premisa del ‘sistema’ era una a
finales de agosto. Para salvar la presidencia de Jimmy Morales –que sería
acusado por el MP y la CICIG por no declarar ningún centavo de ningún donante
en la segunda vuelta de 2015 (que pudieron alcanzar los Q50 millones, $7
millones)– expulsaría al comisionado Iván Velásquez del país. Así evitaría una
investigación en su contra y enviaría un mensaje a la ONU y a los países
donantes de Estados Unidos y Europa: la CICIG no podría investigar a más
presidentes. Ni a quien no autorice el presidente. Es decir, le pondría punto
final a la independencia de la Comisión. Es decir, pondría punto final a la
Comisión.
‘El sistema’ acertó y falló en el
cálculo. Acertó porque dos meses después, Jimmy Morales todavía es presidente y
se vislumbra que lo seguirá siendo en los próximos meses. Pero falló porque no
contaba con que su decisión sería frenada por la presión de los ciudadanos, de
prácticamente todos los medios periodísticos y de la Corte de
Constitucionalidad, liderada por la magistrada Gloria Porras y acuerpada por
Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández y Bonerge Mejía.
Envalentonado, ‘el sistema’ continuó con
su plan. Alcanzó 104 votos de 105 que necesitaba para acabar de una vez por
todas con la solicitud del MP y la CICIG de quitar la inmunidad al presidente
por financiamiento electoral ilícito. Y al ver que la ciudadanía no reaccionó,
Jimmy Morales, su alianza de diputados y sus antiguos opositores de la UNE, fueron
más allá. Aprobaron lo que después se conoció como el Pacto de Corruptos:
eliminar la responsabilidad de los políticos en el financiamiento electoral y
considerar conmutables 400 delitos con penas de hasta 10 años de prisión para
salvar a muchos acusados de corrupción y lavado de dinero, como muchos
políticos, militares, empresarios y como el hermano y el hijo de Jimmy Morales.
Les falló el cálculo y no contaban con
que la Corte de Constitucionalidad los frenaría y que reactivarían el enojo de
los ciudadanos. Los encerraron durante 8 horas en el Congreso y sintieron
hambre y miedo.
A esto se sumó que desde Nómada
publicamos un caso de corrupción escandaloso por su descaro: Jimmy Morales, que
desde que empezó su presidencia ha tenido un discurso anticorrupción, empezó a
recibir un sobresueldo del ejército, de Q50 mil adicional a sus Q150 mil de
sueldo, para la defensa legal de su hijo y su hermano, acusados por un caso de
corrupción. Recibió Q450 mil sin ningún fundamento legal ni sujetos a impuestos.
Es decir, se los robó hasta que este medio periodístico lo sacó a luz y tuvo
que detenerlos.
Con el antecedente del pacto de
corruptos y ese descaro presidencial, decenas de miles de ciudadanos, quizás
100 mil, manifestaron un miércoles 20 de septiembre para hacerles ver que
estaban hartos y que querían que se fueran todos los corruptos.
Aquí los medios y los ciudadanos
fallamos en nuestra comprensión. Fue tan grande el Paro Nacional de 2017, tan
parecido al Paro Nacional de agosto de 2015, que creímos que iba a provocar que
los diputados y el presidente se dieran cuenta que tenían que renunciar, como
lo hizo en agosto de 2015 Otto Pérez Molina.
Pero no lo logró. Ni los diputados
renunciaron, ni le quitaron la inmunidad a Jimmy ni los jueces de la Corte Suprema
aprobaron que se le investigara por el sobresueldo militar.
Esto es porque el Paro Nacional de
septiembre de 2017 equivale más bien al inicio de las manifestaciones de abril
y mayo de 2015. No intimida lo suficiente a los políticos.
Como me dijo un político añejo, el
inicio de la indignación por el bono presidencial de septiembre de 2015 es más
parecida al inicio de la indignación por el caso de agua mágica para salvar el
lago de Amatitlán de marzo de 2015.
Para resolver esta crisis, así están las
fuerzas.
Como ocurrió en la primera mitad de
2015, los mayores beneficiados del sistema se aliaron: el presidente, los
diputados, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los militares de
inteligencia, el crimen organizado, el dueño del monopolio de los canales, los
alcaldes corruptos y el sector privado en su gran mayoría.
¿Quiénes son los que piden mantener el
sistema en octubre de 2017? Casi lo mismos.
2.
¿Quiénes son los que piden cambiar el
sistema en octubre de 2017? Casi los mismos. El MP y la CICIG, que siguen
siendo los principales actores de poder en el país. Prácticamente todos los
medios periodísticos, desde los tradicionales hasta los nuevos, más unidos
todavía que en 2015. La gran mayoría de los ciudadanos. La poderosa Corte de
Constitucionalidad. La comunidad internacional. Y cada vez más voces de
conservadores moderados.
3.
Y hay un actor que, como en 2015, es
ambivalente: Estados Unidos. En 2015, si bien el embajador Todd Robinson y la
Casa Blanca presionaban por reformas y financiaban el 40% de la CICIG, querían
que Pérez Molina se mantuviera en su puesto hasta el 14 de enero de 2016.
Ahora, desde el Departamento de Estado
(el equivalente del Ministerio de Relaciones Exteriores), si bien apoyan a la
CICIG con firmeza, también quieren que Jimmy Morales se mantenga en el poder
hasta el lejano 14 de enero de 2020. Pero la línea que termina ese apoyo es si
Jimmy vuelve a intentar la expulsión de Iván Velásquez de la CICIG.
Para el Departamento de Estado, esa
línea no debe volver a cruzarse. Para varios integrantes poderosos del Congreso
y el Senado de Estados Unidos, esa línea ya se cruzó y tiene que haber
consecuencias.
Pero hay un punto adicional.
Como dijo Heráclito, ninguna persona
puede cruzar dos veces el mismo río. El agua del río no es la misma, ni la
persona tampoco.
Entonces, si bien los actores de 2017
son los mismos que en 2015, no son los mismos. Ya experimentaron victorias y
derrotas.
Derrocar a un presidente. Mantener las
elecciones. Asustar a los diputados. Salvar al sistema al reelegir a la mitad
de diputados y mantener a los mismos jueces. Salvar al sistema al mantener el
monopolio de la televisión abierta a pesar de que su representante legal es
prófuga de la justicia hace un año y medio. Salvar el control militar sobre las
agencias de inteligencia y espionaje. Salvar el sistema de privilegios
fiscales, laborales y ambientales. Salvar la posibilidad de desinformación.
Estar más cerca de cambiar al sistema al
procesar a los grandes empresarios que financiaron la corrupción. Estar más
cerca de cambiar al sistema al demandar al alcalde capitalino por su relación
con la corrupción y con el capo de las cárceles. Estar más cerca de perder a su
segundo presidente.
Guatemala ha aprendido a convivir con
esta intensidad desde hace dos años y medio. Hace 30 meses. Y después de dos
semanas sin casos nuevos de la CICIG, todos los actores parecen tener las
baterías recargadas para más batallas.
El sector privado organizado pidió que
se iniciara un diálogo con el presidente, los diputados y los jueces. La
sociedad civil en su mayoría y la CICIG rechazaron la oferta. Uno de los
intelectuales conservadores decía la semana pasada que si no hay diálogo, sea
con instituciones estatales o sólo entre ciudadanos, el país se encaminará a
una batalla de fuerzas.
De momento, el camino parece ser la
batalla. La crisis ha llevado al país a pulsos más lentos, más difíciles, pero
que sigue su curso.
Quedan muchísimos casos para que la
CICIG y el MP investiguen y hagan retroceder a los aliados del sistema de
impunidad y corrupción. Los jueces de la Corte Suprema tienen todavía muchos
casos para frenar temporalmente los esfuerzos de la CICIG y el MP.
Los que apoyan a la CICIG y a la lucha
contra la impunidad parecen haber movido una pieza que, si se desarrolla,
podría asestar un duro golpe a la alianza ‘del sistema’.
Dos influyentes congresistas
estadounidenses pidieron al Departamento de Estado que empiece a aplicar la Ley
Magnitsky para retirar visas y congelar las cuentas bancarias de aliados en
contra de la CICIG. El Departamento de Estado parece escéptico a usar todavía
esa herramienta de última instancia. Pero el Congreso y el Senado pueden
también saltar al Departamento de Estado y sancionar una ley con nombres y
apellidos.
Si le quitaran la visa a uno solo de los
grandes empresarios que apoya a la Fundación contra el terrorismo o a Jimmy
Morales y su alianza del pacto de corruptos, eso podría cambiar radicalmente el
balance de fuerzas en esa alianza.
No obstante, el anuncio de esa
herramienta no bastará para disuadirlos. La meta del sistema es mantener la
alianza hasta mayo de 2018, dentro de seis meses, para darle tiempo a sus
arfiles en las universidades privadas y a Jimmy Morales para escoger al
siguiente fiscal general.
Como si eso fuera a ser la salvación del
sistema. En 2014, el presidente Otto Pérez Molina y sus aliados judiciales,
parlamentarios y universitarios creyeron que con escoger a Thelma.
Aldana enterrarían la lucha contra la
impunidad. Un año después, en abril de 2015, Aldana se convertiría en la mejor
aliada de la CICIG.
En Guatemala, desde hace 30 meses y
hasta este 23 de octubre de 2017, la CICIG es la que marca los tiempos. Y con
la alianza que la respalda en Washington, Europa y especialmente en Guatemala,
parece que los seguirá marcando.
Eso sí, hay un elemento importante. No
los marca sólo porque tiene una alianza que la respalda que tiene mucha fuerza.
También es por tres elementos: su independencia, el rigor en sus
investigaciones y la legitimidad de la lucha contra la corrupción y la
impunidad en una democracia que todavía no funciona.
