"Hipocresía política y persecución judicial"
Adolfo Pérez Esquivel
Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, Argentina
25 DE AGO. DE 2018 —
En este artículo, publicado en el diario Página/12, el Premio Nobel de la Paz realiza un análisis de los conceptos de "Lawfare" y "Golpes blandos" para describir la situación de América Latina y la criminalización de los dirigentes y espacios políticos progresistas.
Hipocresía política y persecución judicial
Se ha desatado en todo el continente la criminalización y persecución de los gobiernos y frentes políticos progresistas y populares. Se llama “lawfare” e implica usar el sistema judicial contra el enemigo en una especie de guerra judicial. No hay casualidades, esto es parte de la política de dominación para América Latina impulsada por los EE.UU. y sus agencias. Desde hace algunos años las embajadas norteamericanas de la región vienen trabajando muy cerca con actores de nuestros poderes judiciales a través de financiamiento, invitaciones a EE.UU. o a celebraciones en la residencia del embajador. Los resultados están a la vista: los que siempre viajan, reciben financiamiento y visitan la casa del embajador son los mismos que con simultaneidad inusitada están privando de derechos básicos a Lula Da Silva, a Cristina Kirchner y a Rafael Correa.
En la mayoría de los casos, estos mecanismos se apartan del Estado de derecho en nombre del Estado de derecho, al igual que cuando se declara la guerra en nombre la paz. Porque el objetivo principal no es la justicia, sino generar sospechas, desacreditar, judicializar y condenar antes del proceso de juzgamiento. Y al igual que en cualquier guerra, no se puede ganar sin la propaganda masiva de los grandes medios de comunicación, que ejecutan las campañas de desprestigio contra los ex mandatarios/as, que supieron desarrollar políticas de justicia social y soberanía nacional como hace mucho no sucedía en la Patria Grande.
Estos empleados judiciales locales de las embajadas de Estados Unidos, son actores/ directores mediáticos que dirigen escenas de allanamientos policiales y prepararan confesiones de arrepentidos (que luego se desdicen), que se ajustan a la medida de los intereses y tiempos políticos de los gobiernos neoliberales. El show que dirigen se llama “Bailando para meter preso al presidente/a”. Pero los directores pasan y los canales de televisión siempre quedan. Entonces, ponerle nombre a la guerra judicial en Brasil se llama Red Globo, en Argentina Grupo Clarín, y en Ecuador Diario El Universo.
Este proceso no empezó con la guerra judicial sino con los “golpes blandos” parlamentarios en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), donde bloques legislativos también se apartaron del Estado de derecho, cancelaron la presunción de inocencia de los mandatarios, y los desplazaron para imponer una agenda de gobierno radicalmente opuesta a lo que habían votado los pueblos.
Los objetivos finales de esta guerra son consolidar democracias restringidas donde el pueblo sólo pueda optar por alternativas neoliberales de ajuste, privatización, endeudamiento y sometimiento de la propia política exterior a la de los Estados Unidos, como ocurre con Temer, Macri y Lenin Moreno. En síntesis, es la transferencia de recursos del pueblo a los ricos, y la pérdida de soberanía nacional para la recolonización continental de nuestros recursos naturales.
Esta pésima película cargada de hipocresía y odio, la acabo de revivir cuando viajé para visitar a Lula en la prisión. Lo acusan injustamente de un delito que no cometió y no le quieren permitir ser candidato presidencial porque le tienen miedo. Miedo porque saben que puede ganar las elecciones y volver a luchar por mayor justicia redistributiva y mayor soberanía nacional. Por eso no tiene derecho a recibir entrevistas de medios de comunicación, mientras que muchos presos por motivos de sangre aparecen en la televisión todo el tiempo. Lula es un preso político y hasta la ONU lo tuvo que expresar hace unos días con mucha claridad al Estado de Brasil.
La falta de responsabilidad ético-jurídica y social nos espanta y nos recuerda los peores momentos vividos en el país y la región. La degradación a que son sometidas las instituciones del Estado y el pueblo, viola los derechos humanos y pone en riesgo las democracias que tanto costó construir.
La corrupción hay que combatirla con el Estado de Derecho, con altura y sin dañar a las personas. Nadie es culpable hasta que el acusador demuestre lo contrario, toda persona tiene derecho a un juicio justo y a no caer en manos de un juez que ha demostrado falta de equidad y equilibrio para impartir justicia. Quienes respetamos la democracia esperamos que el Poder Judicial argentino respete estos principios para investigar las cuentas offshore del Presidente y varios Ministros, la causa del Correo Argentino, el dinero no declarado que no se puede justificar, los aportes de campaña ilegales y tantas otras.
Nos duele profundamente como pueblo llegar a esta degradación de valores y de equidad, necesitamos fortalecer el derecho de vivir en democracia para todos y todas, y resistir en la esperanza de que otro país y otra Patria Grande son posibles.
* Premio Nobel de la Paz - Serpaj.