- LA TRATA DE MENORES EN GUATEMALA
- El último refugio de las niñas victimas de trata
- Tomado de el País (España)
María (nombre ficticio) tenía cinco años cuando
unos familiares abusaron sexualmente de ella por primera vez. Desde entonces, y
hasta que cumplió 17 años, su vida fue un infierno en la que incluso sus
paientes llegaron a alquilarla entre los presos de una cárcel para que la
violaran. Ahora cuenta con 22 años y lleva cuatro viviendo en La Alianza (ALA), una institución creada en
diciembre de 2010 para proteger a las niñas y adolescentes que han sufrido
abusos sexuales, violaciones o que han sido víctimas de la trata de personas en
Guatemala. Dirigida por la poeta y articulista guatemalteca Carolina Escobar
Sarti, esta asociación sin ánimo de lucro atiende a 65 chicas entre los 12 y
los 22 años que han sido derivadas por un Juzgado al considerar que sus
familias no se podían hacer cargo de ellas o que estaban desamparadas.
Pese a que en un principio estaba previsto que al
cumplir los 18 estas jóvenes abandonarían La Alianza si así lo deseaban,
Escobar explica que se decidió crear una casa de transición para que las niñas
que llegan a esta edad y no tienen familia porque la perdieron o las
abandonaron puedan continuar estudiando para vivir de manera independiente en
un futuro con un empleo digno. Actualmente, la residente de mayor edad es,
precisamente, María, que tiene 22 años. Fue rescatada cuando tenía 17 por la Procuraduría de Derechos Humanos, que pidió a La Alianza que se
hiciese cargo de ella dada la gravedad de su caso.
Así, tras conocer el horror que sufrió la joven
durante su corta vida, el equipo de atención integral de ALA hizo una excepción
y decidió acogerla en la residencia, donde permanecerá toda su vida si ella
quiere, tal y como aseguran sus responsables. Durante los últimos cuatro años,
la niña ha recibido atención psicológica y psiquiátrica igual que el
resto de menores que la habitan. Ubicada en la capital de Guatemala, medio
centenar de trabajadores se preocupa de sus planes de vida, su formación y de
su cuidado para restituir sus derechos, sanar en lo posible sus traumas y
conseguir que a corto plazo se valgan por sí mismas. Además, dos abogados y dos
procuradores legales se encargan de llevar a cabo los procesos judiciales
contra los agresores o los explotadores de las niñas; cada semana se celebra en
los tribunales una media de cuatro audiencias para analizar la situación de las
menores ingresadas en el centro.
Normalización de la violencia
sexual
Carolina Escobar Sarti es la directora de La
Alianza, encargada de proteger a las niñas y adolescentes que han sufrido
abusos sexuales, violaciones o que han sido víctimas de la trata de personas en
Guatemala. Asier Vera
Desde que abrió sus puertas, La Alianza ha atendido
a 335 niñas y ha logrado 23 sentencias de las que 22 fueron condenatorias. La
restante resultó absolutoria porque se probó la inocencia de la persona acusada
por la menor. Entre las víctimas que consiguieron una condena contra sus
agresores se encuentra una menor que fue violada por el hijo del pastor de su
localidad. Tras producirse el abuso, según relató la abuela de la niña a
personal de ALA, fueron muchos los hombres de la comunidad que golpearon la
puerta de su casa para violarla, ya que consideraban que se había convertido en
propiedad del pueblo y podían hacer con ella lo que quisieran. “En Guatemala
existe una normalización de la violencia sexual, lo que permite que la trata se
produzca de manera más fácil”, lamenta la directora de La Alianza, quien asegura
que se ha enfrentado a casos que parecen “de ficción”, como el de una niña que
llegó embarazada y que fue acogida durante tres años y medio en el centro tras
ser violada entre los seis y los 15 años por su padre, su hermano, su abuelo y
su tío, de los cuales solo alguno ingresó en prisión.
Según explica, la menor llegó desnutrida a La
Alianza porque en casa los hombres comían primero y para ella sólo quedaban las
sobras. Nadie consiguió que se alimentara, así que un día le dijeron en el
centro que le darían lo que más quisiera en la vida si comenzaba a comer por lo
menos un par de días. Ella contestó que lo haría porque lo que más deseaba era
comer pollo de una conocida marca del país centroamericano. Tras probar algo
durante dos días, la llevaron a un restaurante y la joven cumplió su deseo. El
caso de esta menor no es excepcional en Guatemala, donde diariamente se
contabilizan 18 partos de niñas de menos de 14 años, según el Sistema Nacional
de Salud. Por su parte, Unicef apunta que cada
día se quedan embarazadas 216 niñas y adolescentes, muchas de ellas tras ser
violadas por familiares. Solo en los ocho primeros meses de 2015 se registraron
4.431 embarazos en niñas menores de 14 años, de las cuales había nueve con solo
10 años y 54 con 11 , tal como revela el Observatorio de Salud Sexual y
Reproductiva (Osar).
Muy pocos casos son denunciados ante la Justicia,
ya que, según constata Osar, una vez que queda embarazada la niña es obligada,
ya sea por la familia o la comunidad, a asumir la maternidad. Ello se tradujo
en que, de las 3.722 niñas menores de 14 años que quedaron embarazadas entre enero
y julio de 2015, solo se presentaron 400 denuncias, mientras que el año
anterior únicamente se denunciaron 680 casos que derivaron en 40 condenas pese
a que la cifra de embarazos en esta franja de edad se elevó hasta las 5.119.
Son varias las menores que viven en La Alianza con sus hijos, para quienes hay
una guardería y unas cuidadoras para que las niñas puedan estudiar. Escobar
señala que se dan casos en los que las menores rechazan a sus hijos y no
quieren verlos, por lo que viven separadas de ellos en la residencia y sólo
conviven con ellso unas horas al día. El objetivo es que poco a poco los vayan
aceptando.
Las menores se reúnen para comer en el comedor de
La Alianza, cuyos responsables han detectado que cuando ingresan al centro
algunas sufren desnutrición por las condiciones de pobreza y exclusión que han
vivido. Asier Vera
Prostitución infantil
La directora de La Alianza señala que ha visto
casos de familias con varios hijos en las que los padres deciden vender a su
hija por 25 quetzales (menos de tres euros) para que mantenga relaciones
sexuales, por lo que se dan muchos casos de prostitución infantil. Una de las
menores que fue acogida se prostituía con 12 años y llegaba a tener hasta 25
clientes por día para “poder comprar el desayuno” a sus hermanos, según señaló
la niña. La menor fue ingresada en esta institución, aunque su madre la llamaba
constantemente para reprocharle que “por culpa suya” estaba enfermando ya que
ella y sus hijos no tenían para comer.
Por su parte, la Procuraduría revela en su último informe
sobre Trata de Personas en Guatemala que el 60% de las niñas embarazadas es de origen
maya, por lo que alerta de que una niña indígena puede ser cuatro veces más
discriminada por ser niña, menor de edad, indígena y pobre. Así, en estas
comunidades suelen ser habituales los matrimonios forzosos entre niñas y
adultos, lo que ha provocado que el Congreso de Guatemala aprobara en noviembre
de 2015 una modificación del Código Civil para aumentar
de 14 a 18 años la edad mínima de las niñas para poder casarse, si bien un juez
podrá autorizar el matrimonio de menores si han cumplido los 16. Incluso en
este punto existía discriminación, dado que los niños podían contraer
matrimonio a partir de los 16 años, dos años más tarde que ellas, si bien
también se ha elevado la edad hasta los 18. Hasta esa fecha, Guatemala era el
único país de Centroamérica que permitía que las menores contrajesen matrimonio
a tan corta edad. Lo que no lograron los legisladores fue un consenso para
reformar también los artículos que permiten mantener relaciones sexuales con
menores a partir de los 14 años.
La fiscalía, contra la trata
La permisividad con la violencia sexual provoca que
las menores caigan en redes de trata, tal como desvela un informe de la PDH, según el cual
Guatemala registró entre 2009 y 2015 un total de 477 casos de explotación
sexual infantil. La mayoría se trató de prostitución infantil (413), seguida de
pornografía (60) y turismo sexual (4).
Así, la directora de La Alianza tuvo la oportunidad
en 2012 de enviar una carta al Consejo del Ministerio Público (MP), en nombre
de las 18 organizaciones que conforman la red contra la trata, con el fin de
solicitarle la creación de una Fiscalía de Sección contra la trata, con el
propósito de “fortalecer la investigación penal de los casos y combatir las
redes criminales que se lucran de este delito”. Tras analizar la petición, el
MP decidió crear la citada Fiscalía teniendo en cuenta que Guatemala
es el país centroamericano con mayor número de víctimas estimadas de trata,
tras alcanzar las 33.800 en 2014 entre menores y mayores de edad, seguido de
Honduras (17.700) y El Salvador (13.800).
La
directora de La Alianza señala que ha visto casos de familias con varios hijos
en las que los padres deciden vender a su hija por 25 quetzales (menos de tres
euros) para que mantenga relaciones sexuales, por lo que se dan muchos casos de
prostitución infantil. Una de las menores que fue acogida se prostituía con 12
años y llegaba a tener hasta 25 clientes por día para “poder comprar el
desayuno” a sus hermanos, según señaló la niña. La menor fue ingresada en esta
institución, aunque su madre la llamaba constantemente para reprocharle que
“por culpa suya” estaba enfermando ya que ella y sus hijos no tenían para
comer.
Por su parte, la Procuraduría revela en su último informe
sobre Trata de Personas en Guatemala que el 60% de las niñas embarazadas es de origen
maya, por lo que alerta de que una niña indígena puede ser cuatro veces más
discriminada por ser niña, menor de edad, indígena y pobre. Así, en estas
comunidades suelen ser habituales los matrimonios forzosos entre niñas y
adultos, lo que ha provocado que el Congreso de Guatemala aprobara en noviembre
de 2015 una modificación del Código Civil para aumentar
de 14 a 18 años la edad mínima de las niñas para poder casarse, si bien un juez
podrá autorizar el matrimonio de menores si han cumplido los 16. Incluso en
este punto existía discriminación, dado que los niños podían contraer
matrimonio a partir de los 16 años, dos años más tarde que ellas, si bien
también se ha elevado la edad hasta los 18. Hasta esa fecha, Guatemala era el
único país de Centroamérica que permitía que las menores contrajesen matrimonio
a tan corta edad. Lo que no lograron los legisladores fue un consenso para
reformar también los artículos que permiten mantener relaciones sexuales con
menores a partir de los 14 años.
La permisividad con la violencia sexual provoca que
las menores caigan en redes de trata, tal como desvela un informe de la PDH, según el cual
Guatemala registró entre 2009 y 2015 un total de 477 casos de explotación
sexual infantil. La mayoría se trató de prostitución infantil (413), seguida de
pornografía (60) y turismo sexual (4).
Así, la directora de La Alianza tuvo la oportunidad
en 2012 de enviar una carta al Consejo del Ministerio Público (MP), en nombre
de las 18 organizaciones que conforman la red contra la trata, con el fin de
solicitarle la creación de una Fiscalía de Sección contra la trata, con el
propósito de “fortalecer la investigación penal de los casos y combatir las
redes criminales que se lucran de este delito”. Tras analizar la petición, el
MP decidió crear la citada Fiscalía teniendo en cuenta que Guatemala
es el país centroamericano con mayor número de víctimas estimadas de trata,
tras alcanzar las 33.800 en 2014 entre menores y mayores de edad, seguido de
Honduras (17.700) y El Salvador (13.800).
