MANIFIESTO DEL CIRCULO DE SILENCIO DE DOS ORILLAS
SALVAR VIDAS NO ES UN DELITO
"Salvemos la solidaridad y la hospitalidad"
"¿Me reciben? Soy Carola Rackete, capitana del Sea-Watch 3 y voy a entrar en aguas italianas, voy a atracar en Lampedusa. No estoy pidiendo permiso, es firme e innegociable. Llevo en una situación desesperada a 42 personas rescatadas de una muerte segura en el Mediterráneo."
Estas palabras fueron retransmitidas por Carola Rackete por radio antes de atracar en el puerto comercial de la isla italiana de Lampedusa. Desoyó la prohibición de la Guardia di Finanza, que incluso trató de interponerse en su camino con sus embarcaciones, convirtiéndose instantáneamente en el símbolo de la lucha contra la política migratoria de Matteo Salvini.
Fue recibida con aplausos de decenas de personas que la esperaban, pero también con insultos muy representativos de la ola creciente de racismo en la que vivimos. Inmediatamente fue detenida por un delito de desobediencia a un buque de guerra. Rackete ha quedado en libertad tras rechazar la jueza de Agrigento, Alessandra Vella, el delito de "resistencia y violencia a una nave de guerra", del que se la había acusado. Carola se suma así a las filas de otras activistas represaliadas por salvar vidas como la también capitana Pia Klemp, que se enfrenta a 20 años de prisión en la Italia de Salvini, o los bomberos españoles que fueron juzgados y absueltos en Lesbos por salvar vidas en el ProActiva Open Arms.
La conocida activista Helena Maleno de la ONG Caminando Fronteras, que fue investigada por un juzgado marroquí tras recibir un informe de la Policía española, hasta que su causa se archivó en marzo, decía: "Salvar vidas no es un delito y pienso que eso debería entenderlo cualquier persona en el mundo, sea cual sea su ideología. Por eso no logro comprender cómo han llegado tan lejos con esto." Scott Warren, tiene 36 años, es profesor de geografía y colabora en la ONG No Más Muertes, cuyo nombre lo dice todo.
Vive en Ajo (Arizona), una localidad rodeada de desierto pegada a la frontera entre México y EEUU. Scott Warren se enfrenta a 20 años de cárcel por dejar agua en el desierto a personas migrantes en Estados Unidos.
"En Amnistía Internacional pensamos que dejar agua en el desierto, o comida, o dar medicinas a personas heridas no debería acarrear 20 años en la cárcel, que es lo que le puede pasar a Scott." Miguel Roldán Espinosa, de Cuevas Bajas (Málaga) y en la actualidad miembro del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, ha sido acusado de “tráfico de personas” por colaborar, desde mediados de 2017, con la organización alemana JUGEND RETTET en misiones de salvamento en el mar Mediterráneo, frente a la costa de Libia. Su único delito, haberse embarcado con una ONG alemana para rescatar migrantes en el Mediterráneo.
El barco de rescate Open Arms, de la ONG catalana Proactiva, ha vuelto al agua tras seis meses en dique seco. El parón no fue voluntario: un cambio de criterio del Gobierno de España prohibió a las ONG de rescate zarpar en búsqueda de embarcaciones de inmigrantes en riesgo, lo que deja a estas personas sin aliados en el Mediterráneo después de que países como Italia les mantengan cerrados sus puertos.
"España ahora argumenta que como los puertos de Italia y Malta están cerrados, no sería seguro ir hasta España con personas rescatadas", dice Óscar Camps, presidente de Proactiva, a bordo del Open Arms. El aviso del Ministerio de Fomento es claro: si la ONG salva alguna vida se enfrenta a posibles sanciones de hasta 901.000 euros. Óscar Camps, desde el Open Arms: "Si salvo una vida, que me multen y que me embarguen todo mi capital". El barco Aita Mari, de la asociación Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), ha llegado a la isla griega de Lesbos, procedente de Quíos, tras casi una semana de travesía por aguas del Mediterráneo y con medicinas, ropa y otros bienes de primera necesidad a bordo para repartir entre los miles de refugiados presentes en Grecia.
El barco pesquero convertido en buque humanitario ha tenido que salvar tres meses de bloqueo y numerosas trabas burocráticas, ya que el Ejecutivo denegó en un primer momento el permiso para navegar por el Mediterráneo, que sí fue concedido por Portugal. De hecho, según denuncian desde la asociación SMH, en la autorización se añadió un párrafo en el que se les advertía de una sanción de entre 300.000 y 901.000 euros si realizaban labores de salvamento, "a pesar de que el salvamento es una obligación legal de cualquier capitán en navegación", afirman.
Ante estas amenazas de algunos gobiernos europeos y ante tantos naufragios y tragedias de migrantes y refugiados que están ocurriendo en los mares que nos rodean, qué dice la legislación internacional? "La obligación de asistencia a personas que se encuentren en peligro en el mar es uno de los principios básicos y esenciales del Derecho Marítimo, y así lo reconoce toda la legislación internacional" (Artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; la Regla 33 del Capítulo V del Convenio SOLAS; el Artículo 2.1.10 del Convenio SAR).
Amigos, la conclusión es clara:
SALVAR VIDAS NO ES UN DELITO.
DEJAR MORIR A LAS PERSONAS EN EL MAR, SÍ ES UN DELITO.
A los ciudadanos nos toca un inaplazable compromiso humanitario. Nos toca
movilizarnos y hacernos presentes en todos los foros sociales para defender la
solidaridad y la hospitalidad.
SALVEMOS LA HOSPITALIDAD!
SALVEMOS LA SOLIDARIDAD!
Miércoles, 10 julio 2019