El Vaticano se inquieta por el martirio de un niño
de 12 años (y otros 9 religiosos), pero no la justicia
Miles
de líderes comunitarios, sindicalistas, estudiantiles y religiosos fueron
perseguidos durante los 36 años del conflicto armado en Guatemala. En el
período más sanguinario, 3 sacerdotes españoles y 7 catequistas guatemaltecos
—incluido un niño de 12 años— fueron asesinados en Quiché. Y ahora, 40 años
después, el Vaticano reconoce su martirio, pero la justicia guatemalteca los
ignora.
POR
KIMBERLY LÓPEZ / 30 ENERO, 2020
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Un hombre carga un ataúd durante un entierro de víctimas del conflicto armado interno en Cotzal, Quiché.
FOTO: CARLOS SEBASTIÁN
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Los
nombres, historias y circunstancias de las muertes de 10 religiosos de Quiché
llegaron a oídos del Papa Francisco. Y por eso, el 24 de enero de 2020, el
Vaticano abrió una causa de beatificación para reconocer el martirio que
padecieron antes de ser brutalmente asesinados.
Ahora
los llaman mártires, por haber sido perseguidos y asesinados por defender una
causa, sus creencias y sus convicciones. Más adelante es posible que sean
llamados beatos.
Después
de 36 años de conflicto armado, Guatemala dio paso a un proceso de búsqueda de
justicia y resarcimiento. En ese contexto, la Diócesis del Quiché se encargó de
recolectar testimonios sobre su vida y muerte.
En
2013, al finalizar la recolección, solicitaron al Vaticano que los reconocieran
como mártires e iniciaran un proceso de beatificación. Y tras 17 años, la
Iglesia finalmente accedió.
Mientras
tanto, en Guatemala sus nombres son recordados por la Iglesia pero invisibles
para la justicia guatemalteca.
De
los 10 nombres reconocidos en el Vaticano, el Ministerio Público y la Fiscalía
de Derechos Humanos, a cargo de investigar los crímenes acontecidos durante la
guerra, solo ubica las causas de: José María Gran Cirera, Faustino Villanueva y
Juan Alonzo Fernández, los tres sacerdotes de nacionalidad española que están
en proceso de investigación.
Pero
la muerte de las otras siete víctimas, los guatemaltecos, no figura en ninguno
de los expedientes de las agencias que se encargan de los crímenes de guerra.
Sus muertes no han motivado ninguna investigación, ni siquiera de oficio.
Erick
Mangandid, de la Fiscalía de Derechos Humanos, explicó que solamente pueden
iniciar investigaciones a partir de denuncias concretas, presentadas por algún
tercero.
“Se
necesita que alguien promueva la investigación”, respondió.
Fue
la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien denunció nacional e
internacionalmente la muerte de los tres sacerdotes, junto a otros dos casos
que también resultaban emblemáticos. Entre estos, la persecusión a su familia y
lo acontecido durante la quema de la Embajada de España. Los acusados eran
Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía, Benedicto Lucas y Ángel Aníbal Guevara, el
coronel Germán Chupina y los civiles Pedro García Arredondo y Donaldo Álvarez.
La
denuncia fue presentada a finales de 1999, ante Audiencia Nacional de España.
Este órgano se declaró competente para realizar esa investigación ante la
evidente inactividad de la jurisdicción guatemalteca frente al caso.
La
justicia española solicitó órdenes de extradición para los acusados pero la
Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto esas órdenes y determinó que España
no tenía potestad para juzgar a guatemaltecos.
Sin
embargo, no se abrió ningún proceso, ni España ni en Guatemala, por la muerte
de los 7 religiosos guatemaltecos.
Los mártires
del Vaticano
Durante
la guerra, la Iglesia Católica ocupó un papel protagónico en la defensa de
derechos humanos y protección a las comunidades.
Todos
los mártires eran miembros activos de sus comunidades, líderes religiosos o
catequistas. Fueron promotores del proceso de paz. Los jefes de Estado, que
orquestaron más de 600 matanzas, identificaron esa postura como subversiva y
reprimieron la actuación de grupos eclesiales.
Su
cercanía con la población, los recorridos por las montañas y cantones no fueron
bien vistos por los miembros del ejército, quienes en varias ocasiones los
amenazaron para que no siguieran participando en reuniones dentro o fuera de la
Iglesia.
Para
los militares, hasta los niños parecían una amenaza. Y es por eso que entre los
mártires se encuentra un niño de 12 años, quien fue torturado y asesinado.
Según
lo estableció la Comisión de Esclarecimiento Histórico, los años más
sanguinarios de la guerra fueron desde 1978 a 1985. La mayoría de víctimas eran
originarias de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, la
costa sur y la capital.
Los
asesinatos de estos 10 mártires ocurrieron entre 1980 y 1991; y están
documentados, a través del testimonio de testigos y pobladores de Chinique,
Zacualpa, San Miguel Uspantán, Chajun, Chicamán y Sacapulas. Estos son sus
nombres y sus historias.
1. José María
Gran Cirera
Sacerdote
español enviado a Guatemala en 1975. Lo asesinaron 5 años más tarde en las
montañas de San Gaspar Chajul, al norte de Quiché. Durante su paso por la
Diócesis de Quiché desarrolló un vínculo fuerte con la población de las
regiones más pobres y aquellos que sufrían persecuciones de cualquier índole.
En
la quema de la Embajada española, algunas de las víctimas eran catequistas de
Quiché, por esa razón la Diócesis emitió un pronunciamiento en el que condenó
la violencia y la ocupación militar en la zona norte de ese departamento y la
existencia de “un esquema de desarrollo económico, social y político que no
tomaba en cuenta los intereses de los pobres”.
Días
después, José María Gran fue citado, interrogado e intimidado por un comandante
militar de Chajul. “No se olvide que es extranjero y aténgase a las
consecuencias”, le advirtió.
2. Faustino
Villanueva
Las
personas que lo conocieron lo describen como una persona sin inclinaciones
políticas, pero cercana a la gente de Joyabaj, sensible a la realidad,
entregado a las visitas de enfermos y a los recorridos en aldeas.
Fue
asesinado el 10 de julio de 1980, un mes después de la muerte de Gran Cirera.
Ese día, en horas de la noche, dos hombres tocaron la puerta de su despacho y
pidieron hablar con él. El sacerdote fue asesinado cuando acudió al llamado.
3. Juan Alonzo
Fernández
El
sacerdote llegó a Guatemala en 1960. Fue asesinado en 1981, luego de ser
detenido y torturado. Toda su experiencia como misionero la vivió en la zona
norte del Quiché, en donde los ataques contra líderes religiosos eran más
frecuentes.
Después
de la muerte de Gran Cirera y Villanueva, había un temor generalizado en los
sacerdotes de la región. Fernández se refugió fuera de Quiché, pero cuestionado
por sus ideales, regresó. “No deseo que me maten, aunque tengo un
presentimiento”, escribió.
A
los tres días fue retenido, embriagado e interrogado por un grupo de militares.
Después de unas horas fue liberado. Sin embargo, a los dos días fue
interceptado mientras conducía una moto. Lo asesinaron al instante.
4. Juan
Barrera Méndez
Apenas
tenía 12 años y era un miembro activo de la iglesia y catequista. Tenía a su
cargo algunas actividades dentro de la parroquia y del cantón en el cual vivía,
El tablón, en Zacualpa.
En
la recopilación de testimonios, realizada por la Diócesis del Quiché,
testificaron que era sumamente solidario con las necesidades de sus vecinos ,
que demostraba mucho sentido de la justicia. Quizá por eso, sospechan, no fue
tratado como niño, sino como adulto y acusado de ser guerrillero.
Rodearon
su casa. Él y su hermano fueron capturados. Su hermano logró escapar pero él
no. Su cuerpo apareció a kilómetros de su casa con marcas de tortura y cortes
de cuchillo en las plantas de los pies.
5. Rosalío
Benito Ixchop
Fue
un catequista y se encargaba de dirigir los rezos y cantos religiosos en la
parroquia de Chinique, Quiché.
Tenía
68 años y nunca aprendió a leer, pero por su participación en actividades
religiosas era muy conocido por su comunidad.
Un
día, cuando regresaba de su casa, fue emboscado y asesinado. Junto a él iba su
hijo Pedro Benito, quien corrió la misma suerte.
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| Un hombre camina frente a los féretros de víctimas del conflicto armado interno en Cotzal, Quiché. FOTO: Carlos Sebastián |
6. Reyes Us
Hernández
Además
de ser catequista, también se dedicaba a ser promotor de salud en la comunidad
de Macalajau. Básicamente, visitaba y atendía a enfermos y personas en
condiciones de gravedad. Fue asesinado en San Miguel de Uspantán.
En
testimonios de su familia hay registro de que estaba consciente de que era
perseguido y que podía morir por su trabajo con las comunidades.
7. Domingo Del
Barrio Batz
Fue
asesinado en Chajul, en 1980. Se dedicaba a dar catequesis y, años más tarde,
también fue nombrado sacristán.
Eso
implicaba acompañar al sacerdote a las visitas en aldeas. El 4 de junio de
1980, encontraron su cuerpo junto al del sacerdote José María Gran.
Los
testigos contaron 5 heridas de bala.
8. Nicolás
Castro
“Si
no nos dejan reunirnos en el oratorio, lo vamos a hacer en la montaña, o en las
cuevas, o de noche en nuestras casas”, solía decir el catequista originario de
Uspantán. Su trabajo se concentraba en Chicamán.
Pasaron
las 11 de la noche cuando el 29 de septiembre de 1980, cuando golpearon su
puerta y, al no obtener respuesta, la derribaron. El ejército lo apresó y
suplicó que lo mataran en su casa para no ser torturado e interrogado.
Le
asesinaron en el patio de su casa, varios vecinos fueron testigos.
9. Tomás
Ramírez Caba
Fue
asesinado en la parroquia de Chajul, en donde trabajaba como sacristán. Su
responsabilidad era cuidar el convento y la iglesia. En varias ocasiones fue
intimidado por el ejército por su trabajo, según cuenta su esposa.
Después
de varias amenazas, una tarde irrumpieron en la iglesia, le quebraron el brazo
a golpes y le dispararon por la espalda. Encontraron su cuerpo en la entrada
del convento parroquial.
10. Miguel Tiu
Imul
Era
catequista en la aldea La Montaña, Sacapulas. Era promotor de la no violencia.
Decía que no se podía andar con la biblia bajo un brazo y el fusil en otro.
Lo
asesinaron una tarde que salía de su casa para revisar sus cultivos. Su hija
mayor escuchó un disparo cercano a su casa y encontró su cuerpo sobre el
camino.
Miguel
agonizaba y murió frente a ella.
Mientras
en el Vaticano avanza el reconocimiento de los 10 mártires, en Guatemala no hay
garantías de justicia hasta que se presente una denuncia, empiece una
investigación y se procese a los responsables.
Tomado de:
