Emboscada contra la emergencia social
Para las multinacionales no hay
pandemia
que valga
Ni siquiera en el escenario de la
crisis pandémica las transnacionales sacian su apetito leonino. Muchas de ellas
preparan ya procesos contra algunos de los Estados que aplicaron leyes de
emergencia para confrontar al COVID-19. Argumentan que sus intereses económicos
se vieron perjudicados por medidas de protección social.
El impacto de la pandemia se muestra con
toda su crudeza. Y es solo el inicio. Como la señalaba ya en abril pasado la
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) la
crisis podría reducir la inversión mundial en un 40%. Convocaba entonces a la
comunidad internacional a destinar 2,5 billones de USD para paliar el efecto de
la misma en los países denominados "en desarrollo".
En esta situación imprevisible muchos
gobiernos han tomado medidas para apoyar la producción nacional; a ciertas
empresas -en general nacionales-; para contrarrestar el efecto del desempleo
total o parcial y, además, para reforzar la salud pública y el sistema social.
En algunos casos, ese paquete, incluyó suspensión de pagos a firmas privadas o
la recuperación – o puesta en tutela- de otras especializadas en fabricar
equipo médico-sanitario de primera necesidad.
Estas decisiones ejercerán en el futuro
cercano una presión sin precedentes en los presupuestos públicos, ya de por sí
limitados en el Sur Global... "Además, podrían provocar una ola de demandas arbitrales por parte de
las multinacionales y sus abogados especializados en inversiones", alertan
en un reciente estudio denominado
"Los especuladores de la pandemia" (https://longreads.tni.org/los-especuladores-de-la-pandemia/) cinco de las
expertas del Instituto Transnacional (Transnational Institute, TNI), con sede
en Ámsterdam y dedicado a la investigación de grandes temas internacionales (https://www.tni.org/es).
Esas demandas a los Estados por parte de
las multinacionales cuentan con un soporte jurídico: el mecanismo de resolución
de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas inglesas). Dicho
instrumento, presente en todos los tratados de protección de inversiones, permite
demandar a los Estados que dicten leyes o decretos que afectan de una u otra
forma las actividades comerciales de las multinacionales. No importa si dichas
medidas fueron tomadas en condiciones de emergencia como la actual y en el
marco, por ejemplo, del cataclismo sanitario más violento que haya padecido el
planeta en su historia reciente.
Confrontar a los Estados judicialmente
está admitido -muchas veces en letra pequeñita y casi ilegible- en todos los
convenios internacionales. Con el agravante, como lo señala el TNI, que se
establece un "sistema de justicia privado paralelo que solo funciona en
una dirección", ya que los Estados no tienen el derecho de demandar ante
los tribunales de arbitraje a aquellas empresas que no respeten las normas
nacionales o locales.
Según la UNCTAD, existen actualmente más
de 1000 demandas inversor-Estado a nivel mundial. Número que podría explotar a
raíz de la pandemia.
Sectores activos de la sociedad civil
mundial impulsan desde hace más de una década, aunque todavía con éxitos
relativos, la posibilidad de procesar a las multinacionales. Amparados en los
Principios Rectores de las Naciones Unidas elaborados en 2008 por el profesor
de origen austríaco John Ruggie. En Suiza, por ejemplo, uno de los temas
importantes del debate político actual es en torno a la Iniciativa Popular a
favor de Multinacionales Responsables (https://initiative-multinationales.ch/ que se votará en
los próximos meses. La misma exige a las transnacionales helvéticas el respeto
de los derechos humanos y ambientales en todo el mundo, sin excepción, de
acuerdo a las mismas condiciones que deben acatar en Suiza.
Guillotina para Latinoamérica
El sitio Web ISDS Impactos publica un
extenso estudio que afirma que Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y
Perú son pasibles de 206 demandas -el 73% del total continental- de parte de
grandes empresas. (http://isds-americalatina.org/en-numeros/).
Según el estudio, las demandas
inversor-Estado se multiplicaron en las dos últimas décadas, pasando de 6 casos
conocidos en 1995 a 983 en la actualidad. De ese total, América Latina y el
Caribe, soporta 282 acusaciones, es decir casi el 30% del total mundial. De los
casos ya resueltos, en un alto porcentaje, los Estados han sido condenados. 91
demandas fueron promovidas por firmas de Estados Unidos. Otra parte importante, impulsadas por sus
pares europeas, y otras, por canadienses. Los principales sectores en
*conflicto* son el agua, la electricidad, la comunicación, petróleo, seguros,
así como la manufactura y minería.
Los cuatro países latinoamericanos más
castigados son Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Argentina, fue
condenada a pagar en 40 ocasiones sobre 45 casos arbitrados, lo que representa
un monto total de 9.226 millones de dólares. En tanto Venezuela, perdió 22 de
33 demandas, con una incidencia de 18.024 millones de dólares. Bolivia, fue
condenada por todos los tribunales arbitrales – 13 sobre 13- lo que le
representa un monto de 902 millones de dólares. En tanto Ecuador, que perdió 15
de 19 de las acusaciones de que fuera objeto, fue condenado por 2.224 millones
de dólares.
Sumando los montos a pagar a los
inversores, se contabiliza más de 31.000 millones de dólares. El estudio
recuerda que con un tercio de esa cifra (en torno a 10.000 millones de dólares)
las Naciones Unidas estima que se podría superar la pobreza extrema en 16
países latinoamericanos. El informe
confirma que el monto más alto ya pagado a raíz de una demanda son los 5.000
millones de dólares que Argentina debió abonar a la empresa Repsol en un
acuerdo de partes. Este instrumento, juntos con las fugas de capitales y la
deuda externa, constituyen mecanismos brutales contra las economías nacionales.
Jaque a la España
"social"
El lunes 25 de mayo, el periódico español
en línea Público difundió un artículo titulado "España expuesta a demandas
millonarias por las medidas sociales ante la Covid-19" (https://blogs.publico.es/dominiopublico/33087/). En el mismo se
hace mención a los Decretos-Ley del 14 y 31 de marzo pasado que impuso medidas
excepcionales por la pandemia. "Lo
inversores extranjeros podrían demandar al Estado español ante tribunales
arbitrales internacionales..." Y menciona, como ejemplo, que los abogados
de la oficina española Garrigues han llegado a afirmar que la crisis global que
se avecina es "una oportunidad para revolucionar el arbitraje y mejorarlo
y reforzarlo ante la jurisdicción estatal".
Explica, además, que hace apenas unos días
la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana
(AGA) alertaba que las medidas de emergencia del gobierno amenazaban con el
"riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del
agua". Entre estas decisiones gubernamentales se encuentra la de prohibir
a los proveedores de agua, gas y electricidad de suspender el servicio a las
familias más vulnerables.
España, siempre según Público, firmó 87
Tratados Bilaterales de Inversión en vigor y 77 Tratados con alguna disposición
sobre protección a las inversiones.
"Debe abandonar los Tratados de Protección de Inversiones",
afirman desde la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión que ha
tomado peso en las últimas semanas. Solo en el caso del Tratado sobre la Carta
de Energía, se contabilizan a inicios del año 2020 condenas de pago a los
inversores de un monto de 1.080 millones de euros. Lo que representa 4 veces lo
que el gobierno va a invertir para reforzar los servicios sociales para apoyar
a los ancianos en residencia y dependientes.
Buitres al acecho
El 26 de marzo, uno de los días cruciales
para Italia durante la pandemia y momento en que superaba 8000 muertes sin
saber cómo frenar su avance, la oficina italiana de abogados ArbLit publicó un
artículo titulado¿Podrían las medidas de emergencia de COVID-19 dar lugar a
reclamaciones de inversión? Primeras reflexiones desde Italia".
Como lo recuerda un documento del 18 de
mayo pasado difundido por el Corporate Europe Observatory (Observatorio Europeo
sobre las Corporaciones)
https://corporateeurope.org/en/2020/05/cashing-pandemic-how-lawyers-are-preparing-sue-states-over-covid-19-response-measures, la preocupación de ese grupo de abogados no
estaba en la Italia real. Más bien, en evaluar aceleradamente, si en las
medidas tomadas por el Gobierno italiano debido al coronavirus, se podrían
encontrar los argumentos para que inversores extranjeros puedan demandar a
Italia, teniendo en cuenta los tratados de inversión firmados con otros
Estados. Y llegaban a la conclusión que
cuando la emergencia termine, los Estados tendrán que enfrentar las demandas de
arbitraje presentadas por inversionistas extranjeros en el marco de cualquier
tratado bilateral de inversión aplicable.
Luego de desarrollar en detalle diez
"Escenarios" o pistas analíticas sobre el tema, el Observatorio,
argumenta que nunca ha sido mayor la importancia de evitar las demandas ISDS
como ahora, en un momento en que la situación sanitaria mundial se ve agravada
por la explosiva crisis económica. Y llama a una "moratoria inmediata de
las demandas ISDS en general", anticipando que existe ya una propuesta de
suspender las demandas de esos mecanismos relacionados con el COVID-19.
El Observatorio Europeo no descarta que
ciertos países, unilateralmente, se retiren de acuerdos existentes, como lo han
hecho Sudáfrica, Indonesia e India. Otros han denunciado unilateralmente
algunos de sus acuerdos bilaterales de inversión.
Recientemente, 23 Estados miembros de la
Unión Europea firmaron un tratado que pondrá fin a unos 130 tratados
bilaterales de inversión intra europea. Italia se ha apartado del Tratado de la
Carta de la Energía que es básicamente un gran acuerdo de ISDS para el sector
energético.
En un reciente blog sobre COVID-19 y el
derecho de la inversión internacional, informa el Observatorio, juristas
progresistas plantearon dos preguntas clave: "¿Cuál es la justificación
para mantener un enclave jurídico en el que los agentes económicos más ricos
tengan derecho a un trato más favorable que los demás segmentos de la sociedad
que sufren de manera desproporcionada como consecuencia de la pandemia y las
respuestas a la misma? ¿Por qué los agravios de los inversionistas frente a los
Estados merecen una protección más sólida que la obligación de garantizar un
nivel de vida adecuado a la población en general?".
Estas preguntas llegan a la médula del
problema. ¡No hay lugar para un sistema de justicia paralelo para las
corporaciones! ¡ISDS tiene que terminarse!, concluye El Observatorio Europeo.
Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza