El río Cahabón es uno de los principales ríos de Guatemala. 195 kilómetros de
recorrido que nace en la Sierra de las Minas y transcurre por los departamentos
de Alta Verapaz, al norte del país. Desde los primeros pobladores mayas, sus
aguas han servido de sustento para decenas de comunidades indígenas que han organizado
en torno a sus orillas asentamientos humanos alimentados por la agricultura y
la ganadería. Miles de años de convivencia respetuosa con el medio ambiente que
ahora se ve amenazada por la construcción de una hidroeléctrica que una de las
empresas de Florentino Pérez está levantando en la zona.
Bautizado como Renace II, el proyecto está a cargo de COBRA Infraestructuras Hidráulicas, filial de ACS, el gigantesco grupo multinacional fundado y dirigido por el presidente del Real Madrid. Desde el inicio de las obras, allá por el 2014, 30 kilómetros de río han desaparecido, literalmente. El cauce se encuentra preso entre dos muros, circunstancia que ha provocado que 29.000 indígenas quekchí se queden sin abastecimiento de agua. En este territorio, solo el 5% de los hogares tienen suministro de agua corriente por lo que el entubamiento del río ha condenado a muchas familias a la emigración. Desde la empresa aseguran que los pobladores tienen garantizado el acceso al caudal, pero las ONG que trabajan sobre el terreno denuncian el establecimiento de puntos de control con personal de seguridad armado donde es habitual la prohibición del paso.
Alianza por la Solidaridad y Madre Tierra son las organizaciones que llevan meses alzando la voz contra el incumplimiento de la legalidad por parte de la filial de Florentino Pérez. Según el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, que tiene rango constitucional en Guatemala, las comunidades afectadas por cualquier obra civil deben ser consultadas. Ante la vulneración flagrante de sus derechos, los ciudadanos decidieron organizar por su cuenta una votación que arrojó resultados esclarecedores: 27.000 votos en contra de la hidroeléctrica por tan solo 27 a favor. Papel mojado, pues la Corte Constitucional no otorgó validez legal al escrutinio y permitió la continuación de las obras.
No es la única ilegalidad. Las organizaciones han aportado cientos de testimonios de activistas medioambientales que han sufrido agresiones, espionaje e incluso el encarcelamiento por su oposición al proyecto. El líder indígena Bernardo Caal Xol es la última víctima de la estrategia de represión adoptada por la compañía del mandatario madridista, con la complicidad de las autoridades del país. Fue detenido el 30 de enero del 2018 durante una manifestación de protesta y desde entonces se encuentra entre rejas a la espera de juicio que hasta hoy 13 de febrero 2021 no ha llegado, y sigue denunciando desde la prisión la injusticia de su detención y solicitando ser escuchado.
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| Carta de Bernardo Caal líder comunitario detenido por defender los recursos naturales |
Alianza por la Solidaridad asegura que desde 2016, un total de 226 activistas han sufrido algún tipo de agresión, amenaza o intimidación. El único varapalo judicial para un emporio que factura 100 millones de euros cada día fue la condena al pago de una multa de 470.000 dólares por la destrucción de un bosque próximo a la instalación.
Protesta
contra la construcción de la hidroeléctrica
Las oenegés han solicitado de forma reiterada la suspensión de los trabajos de construcción hasta que no se lleve a cabo un estudio independiente sobre el impacto medioambiental, social y económico del complejo, una propuesta que hasta la fecha en la que se escriben estas líneas no ha sido aceptada por el Ejecutivo. El Gobierno aduce que la hidroeléctrica repercutirá positivamente en la economía de los pueblos colindantes, una teoría más que dudosa teniendo en cuenta que la empresa responsable está exenta del pago de cualquier impuesto.
Las comunidades indígenas insisten en que no se oponen a la planificación de nuevos proyectos que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. En este sentido han presentado una alternativa para la edificación de una serie de hidroeléctricas comunitarias y autogestionadas que repercutan en el suministro de luz y agua corriente para los vecinos.
Hace
un par de semanas, miembros de Greenpeace cortaron el suministro de agua en la
sede de ACS en Madrid, una acción simbólica de protesta para recordarle a
Florentino Pérez la situación que viven cada día miles de indígenas en
Guatemala, que continúan en pie de guerra y advierten que no cesarán en la
lucha hasta que "el río vuelva a ser liberado".
Tomado de Kamchatka