Avanza la venganza en contra de la
justicia
Tras
la salida del exfiscal Juan Francisco Sandoval de la FECI se generó
preocupación e intensificaron los ataques en redes sociales hacía más
operadores de justicia y otros actores.
Texto: Gladys Olmstead, No ficción
El 21 de junio de este año, los jueces Pablo Xitumul, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Yassmin Barrios se presentaron al Ministerio Público con una petición dirigida a la fiscal general solicitando que revisara las denuncias espurias y las desestimara. Los juzgadores resaltaron que aunque cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que deben cumplirse, siguen acumulando denuncias en el Ministerio Público (MP), lo que interpretan como hostigamiento y atentados contra la independencia judicial.
Desde que Jimmy Morales declaró públicamente non-grato en Guatemala a Iván Velásquez, ex comisionado internacional contra la impunidad (CICIG) en 2017, los retrocesos en la lucha contra la corrupción se han reflejado en diferentes instituciones y aspectos del sistema de justicia.
Lo que en 2015 se consideraba esperanzador, como la captura del presidente y la vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, perdió fuerza y apoyo. Y durante el gobierno de Morales se preparó e inició con un plan para recuperar y continuar con la cooptación del Estado y de la justicia.
Con la llegada de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público y el final de CICIG en 2019, se inició con el desmantelamiento de la lucha contra la corrupción. Una avanzada que sigue hasta la actualidad con una fiscalía semi-inoperante ante los casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno actual o pasado, retrasos judiciales por acciones dilatorias en casos de alto impacto. Así como medidas sustitutivas y cierre de procesos penales en contra de actores clave, como el expresidente Jimmy Morales.
Lo que ha tenido como resultado: una lista de operadores de justicia que han tenido que abandonar el país por temor a represalias en contra de su vida por el trabajo que realizaron. Juan Francisco Sandoval es el nombre más reciente de la lista que ya incluye a dos exfiscales generales: Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, dos jefes de fiscalías: Sandoval y Óscar Schaad, un agente fiscal: Andrei González, una jueza: Claudia Escobar y una magistrada de la Corte de Constitucionalidad: Gloria Porras, entre otros.
Aunque
el listado crece, diferentes actores aseguran que el plan continúa en marcha y
que la “venganza” en contra de la lucha contra la corrupción aún tiene
objetivos pendientes: jueces, como los encargados de los juzgados de Mayor
Riesgo, defensores de derechos humanos como Helen Mack y periodistas, entre los
que se encuentran Juan Luis Font, Michelle Mendoza y Sonia Pérez.
Jueces bajo asedio
En la entrada al Ministerio Público, el lunes 21 de junio, los jueces de Mayor Riesgo A, B, C y D -Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Erika Aifán respectivamente-, explicaron ante los medios de comunicación que han sido perseguidos, amenazados y “vigilados por organismos del Estado”. Por lo que presentaron sus denuncias y a través de un memorial solicitaron a la fiscal general, Consuelo Porras, que se pronuncie sobre las denuncias presentadas por operadores de justicia que han sido desestimadas y archivadas.
Según Juan Luis Pantaleón, director de comunicación del MP, la petición y los documentos de los jueces fueron recibidos. Sin embargo, Porras no emitió ningún pronunciamiento.
La mayoría de denuncias presentadas por los funcionarios del sistema de justicia son en su mayoría persecución y amenazas en contra de su integridad. Los juzgadores aseguran que estas acciones representan obstaculización de la justicia y del ejercicio judicial.
Impedimentos que van desde denuncias espurias en su contra hasta espionaje y filtraciones dentro de sus juzgados. También enfrentan procesos de retiro de antejuicio -por denuncias que consideran espurias- y pago de multas impuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Todo eso forma parte de las experiencias negativas que los jueces de Mayor Riesgo han denunciado como consecuencia por hacer su trabajo: juzgar posibles delitos.
“A raíz de los últimos sucesos y de las confrontaciones públicas que han existido entre los funcionarios del MP, se ha generado un clima de inseguridad y hay muchos mensajes en la redes sociales en torno a que ‘yo soy la próxima yo soy la siguiente’ -en salir del país-”, asegura la jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán.
Aifán tiene a su cargo casos de alto impacto contra la corrupción desde el 2016, cuando se inauguró el juzgado de Mayor Riesgo “D”. Algunos de los expedientes que lleva son los de Construcción y Corrupción, Odebrecht, Comisiones Paralelas 2014, Comisiones Paralelas 2020, Financiamiento FCN, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. Y condenó a nueve empresarios por pagar sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
Por estas razones, Helen Mack, activista de derechos humanos y presidenta de la Fundación Myrna Mack, considera que en el juzgado de la jueza Aifán se concentra gran parte de la estructura de corrupción de los últimos siete años.
“Es claro que la jueza Aifán ha conocido y
tiene bajo su control jurisdiccional investigaciones de personas de alto perfil
económico o político. Y que nunca se imaginaron vinculadas a un proceso penal,
dilucidando su situación jurídica -esperando que se defina o no su
responsabilidad en algún hecho-. Eso pone a los jueces de mayor riesgo, en
mucho riesgo. No por gusto se les denomina así a esos juzgados”, dice el
Presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), el
Juez Carlos Ruano.
«Estoy
un poco preocupada porque todo esto ha generado un contexto de inseguridad. Han
aumentado en redes sociales las amenazas en mi contra, así como las campañas de
desprestigio», Erika Aifán.
Tomado
de No ficción