Suplemento del Cuaderno n. 218 de CJ - (n. 252)
Cristianisme i justicia
Silvia
Torralba
Una
cuarta parte de la población de las ciudades del mundo vive en asentamientos
informales. Son 883 millones de personas, la mayoría de las cuales viven en el
continente asiático, pero también en África subsahariana, en países
latinoamericanos y del Caribe, y en ciudades europeas. Significa tener derechos
vulnerados y, por eso, las Naciones Unidas se han propuesto mejorar las
condiciones de estas personas y promover el acceso a una vivienda adecuada
antes del año 2030.
Vivir en un asentamiento.
«Un hogar es un lugar donde cualquier persona puede desarrollar y ejercer todos sus derechos; solo es adecuado cuando tiene agua potable y saneamiento, electricidad y otros servicios básicos; cuando está cerca del colegio, de servicios de salud y de oportunidades laborales». De este modo define la relatora especial de las Naciones Unidas por el derecho a la vivienda qué significa tener un hogar. Hablar del derecho a la vivienda significa ir más allá de las cuatro paredes que constituyen una casa e implica otros derechos asociados a la persona: a sentirse segura y no poder ser desalojada en cualquier momento, a tener las necesidades básicas cubiertas, a no tener que vivir en zonas contaminadas ni peligrosas... La mitad de la población mundial vive en las ciudades y una mayoría carece de las infraestructuras y servicios adecuados. Según la ONU-Hábitat, 1 las personas que sienten mayor inseguridad en las ciudades son aquellas que viven en asentamientos informales. En los países de África subsahariana, representan el 72% de la población urbana y en los de Asia meridional, el 59%. Con todo, la problemática afecta a la mayoría de los países del mundo. En 2018, por ejemplo, el gobierno francés contabilizó a más de 16.000 personas que vivían en 497 asentamientos informales. Cambiarle los zapatos a tu hijo porque los que llevaba se le han ensuciado de barro cuando salías de casa; no tener un buzón donde te lleguen las cartas; despertarte a medianoche porque llueve y el agua se filtra por el techo de la fábrica en la que duermes; lavar toda la ropa porque llega el día del desalojo y no sabes cuándo vas a volver a tener agua; no poder invitar a ningún compañero o compañera de tus hijos a jugar a casa... son algunas de las dificultades diarias que sufren las personas que viven en asentamientos.
¿Asentamientos
en Barcelona?
En
ciudades modernas y tecnológicas como Barcelona, que tan solo el año pasado
recibió doce millones de turistas, también se esconden estas realidades. El 15%
de la población de Barcelona vive en riesgo de pobreza y exclusión, y unas
4.200 son personas sin hogar y, en consecuencia, aún más invisibles. En 2014,
una docena de familias que vivían en barracas y camiones en un solar hicieron
visible su situación al alcalde de la ciudad. «Barcelona es bonita, pero
también tiene rincones. Nosotros somos uno de estos rincones y usted debería
tenernos en cuenta», le contaban en una carta.
Saber
cuántas personas viven en asentamientos es básico para dimensionar la
problemática y abordarla. En Barcelona, las primeras cifras públicas que
tenemos son del año 2011 y hablan de 695 personas; los últimos datos, de 2019,
hablan de 836 personas. Se trata de personas adultas solas y también de
familias con menores que viven en estructuras temporales, barracas y camiones
ubicados en solares vacíos, fábricas en desuso y locales abandonados. Su
procedencia es muy diversa: en los últimos años han llegado muchas personas de
Europa del Este y actualmente constituyen la mayoría en los asentamientos;
también destaca un numeroso grupo de familias que hace más de veinte años que
llegaron de Galicia y Portugal buscando oportunidades de mejora; e incluso hay
personas de varios países africanos y de otras procedencias. Si diez años atrás
la mayoría de estas personas se concentraban en grandes espacios de barrios
concretos de Barcelona, ahora se dispersan en lugares más pequeños y repartidos
por diferentes distritos de la ciudad y otros municipios próximos, donde se han
instalado tras sufrir reiterados desalojos. La carta que hace seis años recibió
el alcalde de Barcelona la enviaron un grupo de familias de origen
galaico-portugués, uno de los colectivos más invisibles de los asentamientos y
un buen ejemplo de la falta de políticas transversales para transformar la
problemática. Llegaron a Barcelona a mediados de los noventa, cuando la ciudad
declaraba el fin de los barrios de barracas, y se establecieron en las calles
de la ciudad con sus pequeñas caravanas como vivienda. Aunque hoy en día su
situación ha mejorado, la mayoría comparte una historia de exclusión social y
de vulneración de derechos heredada generación tras generación. Todas las
familias de este colectivo han sufrido desalojos forzosos de forma reiterada.
Un informe de Amnistía Internacional 3 recogía hace unos años algunos testimonios,
entre ellos el de una mujer que explicaba: «Mi hijo tiene seis años y ya ha
vivido seis desalojos en su vida». En Barcelona, como en el resto de ciudades
de todo el mundo, vivir en asentamientos significa no poder vivir en espacios
salubres y por un precio asequible, pero también implica la vulneración de
otros derechos: a la electricidad y a condiciones higiénicas adecuadas; a la
salud orgánica y emocional; a no ser discriminadas por su situación y ser
consideradas vecinas de la ciudad; a contar con su opinión y ofrecerles
alternativas cuando llega el día del desalojo...
Los
efectos de un desalojo
Desde
la asociación Amics del Moviment Quart Món, acompañamos a las familias de
origen galaico-portugués que viven en asentamientos en Barcelona desde hace
veinte años, durante los cuales hemos compartido muchas situaciones de
desalojo: de día y de noche; con los niños y niñas en el colegio, pero también
presentes durante el desalojo; con suficiente tiempo para recoger las cosas y
sin margen de tiempo... En los últimos años, algunas familias han logrado
acceder a pisos de alquiler social o a otro tipo de vivienda por sus propios
medios; de las casi setenta familias que la entidad acompaña actualmente, el
67% aún vive en solares, fábricas en desuso y pisos ocupados. En estos
momentos, una veintena de familias sufre procesos de desalojos forzados. La ONU
alerta de que millones de personas sufren cada año desalojos forzosos o reciben
amenazas para dejar su casa.4 Los motivos son muy diversos: proyectos urbanísticos,
grandes acontecimientos como unos juegos olímpicos, especulación de la
vivienda, criminalización de la pobreza, actividades del sector inmobiliario,
desastres naturales, migraciones del campo a la ciudad, ejecuciones
hipotecarias, conflictos armados, etc. Pero ¿cómo afecta a las personas? Hace
dos años, el Observatorio DESC publicó un informe5 sobre el derecho a la
vivienda en Barcelona y su impacto en la salud de las personas. La conclusión
era que la inseguridad en la vivienda y el hecho de estar expuestas a sucesivos
desalojos afecta a la salud orgánica y emocional de las familias. Desde la
ONU-Hábitat lo confirman y se fijan en los menores: «La salud, el progreso
educativo y el bienestar generales de los niños y niñas están profundamente
influidos por la calidad de la vivienda en la que viven» y sufrir un desalojo
forzoso «suele tener un profundo efecto en los menores». «La pobreza es causa y
consecuencia de los desalojos. Por un lado, la falta de opciones y de seguridad
en la tenencia y la imposibilidad de acceder a la vivienda pueden obligar a las
personas empobrecidas a vivir en asentamientos, con el temor a ser desalojados.
Por otro lado, los hechos demuestran que los desalojos forzosos suelen dar
lugar a más empobrecimiento», añaden desde el organismo internacional. Las
propuestas que surgen para abordar la realidad de los asentamientos en
Barcelona van en este sentido: no desalojar a ninguna persona sin una
alternativa efectiva y sabiendo que quedará expuesta a otras vulneraciones de
derechos; modificar la normativa municipal para que las personas que viven en
una fábrica o en un solar también puedan acceder a una vivienda social cuando
las desalojen; despenalizar el modo de vida informal de las familias y
aprovechar sus habilidades para buscar alternativas; e impulsar políticas de
lucha contra el sinhogarismo, con recursos y dotaciones económicas específicas,
que también tengan en cuenta la realidad de los asentamientos.
El
horizonte 2030
El
18 de septiembre de 2018, el secretario general de las Naciones Unidas llevó a
la Asamblea General de la ONU un informe 6 sobre el derecho a la vivienda
adecuada que ponía el foco en los asentamientos informales y que instaba a
incorporar el reto en la Agenda para el Desarrollo Sostenible. «El mundo está aceptando
aquello que es inaceptable» cuando es «un imperativo de los derechos humanos
garantizar a los asentamientos informales los estándares básicos de dignidad»,
afirmaba el documento. Los Estados deben actuar. La Agenda para el Desarrollo
Sostenible los insta a alcanzar una serie de objetivos antes del año 2030. Dos
de estos objetivos son mejorar la situación de los asentamientos y asegurar un
alojamiento adecuado y seguro para todas las personas. Para lograrlo, el
informe de las Naciones Unidas lanza recomendaciones: informar y contar siempre
con el punto de vista de las personas afectadas, reconocer la relación entre el
hecho de tener un hogar y otros derechos sociales, favorecer realojos en
lugares cercanos a los que vivían las familias, asegurar que el sistema
judicial también protege los derechos de las personas que viven en
asentamientos informales... Es necesario que los Estados adopten estrategias
nacionales específicas que tengan en cuenta estas situaciones y se precisa un
enfoque basado en los derechos humanos en las situaciones que impliquen
desalojos, añaden desde la ONU. No pueden ejecutarse desalojos, por ejemplo,
cuando hay mal tiempo, por la noche o cuando las personas no están en casa, y
siempre hay que dejar tiempo para recoger las pertenencias. Hace poco, las
Naciones Unidas ha tenido que recordárselo a Francia. Según datos del gobierno
francés que se refieren al 2018, en el país más de 16.000 personas viven en
asentamientos informales y más de un 25% son menores. «No es aceptable justificar
la inacción del Estado debatiendo qué ámbito del gobierno es el responsable:
nacional, regional o local», advierte la ONU. Y añade: «La entidad
gubernamental que establece el primer contacto con las personas cuyos derechos
humanos están en juego debe garantizar la protección de estos derechos»,
apostando por alternativas de vivienda estable. Vivir en un hogar estable y sin
miedo a ser desalojado, tener acceso a servicios básicos, al médico y a la
educación... Defender el derecho de las personas es una obligación de todas las
administraciones: estatales, regionales y locales. Es urgente cambiar la mirada
y trabajar juntas para que todo el mundo pueda vivir sin sentirse amenazado.
Silvia Torralba, Amics del Moviment Quart Món
1.
ONU-Hábitat y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El
derecho a una vivienda adecuada. Folleto informativo, N.º 21/Rev. 1.
2.
Amics del Moviment del Quart Món. (2014). Carta de famílies que viuen en un
assentament a l’alcalde Xavier Trias.
3.
Amnistía Internacional España. Abril del 2011.
4.
ONU-Hábitat y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Desalojos
forzosos. Folleto informativo N.º 25/Rev. 1.
5.
Observatorio DESC y otros. 2018. Radiografies de la situació del dret a
l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona.
6.
Biblioteca digital de las Naciones Unidas (2018). Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing
as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, and on the right
to non-discrimination in this context.