COMUNICADO LXXIII CÍRCULO DE SILENCIO DE CÁDIZ
8 de junio de 2022
El
próximo 20 de junio, se conmemora el Día Mundial del Refugiado, establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001 como una expresión de
solidaridad, sensibilización y responsabilidad con todas las personas
refugiadas.
Según
datos del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado),
actualmente hay más de 45 millones de personas refugiadas, desplazadas y/o
apátridas en el mundo. De ellas, aproximadamente la mitad son desplazadas
internas, desarraigadas dentro de sus propios países.
Los
conflictos armados, la pobreza y la falta de desarrollo, son las principales
causas de los desplazamientos forzados de población. Situaciones que dibujan
hoy día, en pleno siglo XXI, un escenario de flagrante violación de derechos
fundamentales para numerosas personas en los cinco continentes.
Con
motivo de esta conmemoración, en el Círculo de Silencio de hoy, nos sumamos a
las reivindicaciones del Movimiento por la Paz
y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR–
que reclaman a las autoridades, tanto estatales como internacionales, el
cumplimiento de todos y cada uno de los principios recogidos en la Convención
de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como que se
garanticen los principios de solidaridad y respeto de los Derechos Humanos
recogidos y ratificados en el seno de las Naciones Unidas y la Unión Europea,
revistiendo una especial relevancia el Derecho a la Protección Internacional y
el Derecho al Retorno.
El Movimiento por la Paz trabaja diariamente con miles de personas refugiadas y desplazadas a causa de conflictos armados o crisis complejas en algunos de los puntos más inestables del planeta.
Es el caso, por ejemplo, de la población refugiada palestina, que se estima representa una tercera parte de las personas refugiadas en el mundo, constituyendo además el grupo de población que más tiempo ha permanecido en el exilio. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, en 2012 se contabilizaron un total de 41919.917 personas refugiadas palestinas en Jordania, Líbano, Siria y los Territorios Ocupados Palestinos (Gaza y Cisjordania).
Por
otro lado, cerca de 2,5 millones de personas sirias han tenido que abandonar
sus hogares a causa del conflicto.
En
Colombia, según fuentes oficiales del gobierno colombiano, la población
desplazada por el conflicto interno asciende a 51701.996 personas. En concreto,
la región de los Montes de María cuenta con un total de 215.505 personas
desplazadas, lo cual representa casi el 50% de su población total. En esta
zona, la realidad del desplazamiento forzado y el despojo de tierras impacta
cotidianamente violando los derechos fundamentales de la población que es, en
su mayoría, de origen rural y afrodescendiente.
Respecto
a la población saharaui, todavía hoy decenas de miles de personas se encuentran
en una situación de refugio, viviendo en los campamentos saharauis de Tindouf
(Argelia), en una zona desértica aislada y dependiendo, para sobrevivir, de la
ayuda humanitaria internacional.
Todas
las personas tenemos derecho a vivir en paz y disfrutar de nuestros derechos
fundamentales en nuestras comunidades de origen. Y si no es así, desde los
países de acogida tenemos la obligación de facilitar que quienes sufren
injustamente el desplazamiento forzado, puedan rehacer sus vidas mientras el
regreso a su país o su región de origen, no sea seguro.
Por
esta razón, queremos lanzar un llamamiento de comprensión y solidaridad a toda
la sociedad, para que entre todas y todos consigamos que se haga justicia con
las personas que se han visto obligadas a huir de su tierra.
Sin
importar quiénes sean, las personas forzadas a huir merecen un trato digno.
Cualquier persona puede buscar protección, no importa quién sea ni en qué crea.
Buscar protección es un derecho humano que no está sujeto a negociación.
Sin
importar de dónde provengan, es necesario dar la bienvenida a las personas
forzadas a huir. Las personas refugiadas provienen de diferentes partes del
mundo. Para huir del peligro, quizás tomen un vuelo, se suban a un barco o
viajen a pie. Lo único que sí tiene carácter universal es el derecho a buscar
protección.
Sin
importar cuándo hayan sido forzadas a huir, las personas desplazadas tienen
derecho a recibir protección. Con independencia del tipo de amenaza (guerras,
violencia, persecuciones), toda persona merece recibir protección y tiene
derecho a estar en un entorno seguro.-
En otro orden de cosas, también
queremos hacernos eco hoy de la noticia que conocimos el pasado 2 de junio
sobre la “Tragedia de El Tarajal”: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
dictó una sentencia en la que desestima los recursos de casación planteados por
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y otras asociaciones, contra
el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz que acordó el sobreseimiento libre
de la causa abierta para investigar los hechos conocidos como 'Tragedia de El
Tarajal'.
Hagamos
un poco de memoria…
El
6 de febrero de 2014, alrededor de 200 personas inmigrantes intentaron entrar
en Ceuta.
Aproximadamente
90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa de El Tarajal, e intentaron cruzar
a nado. Al menos 14 murieron ahogadas, una desapareció, y 23 fueron devueltas a
las autoridades marroquíes desde la misma playa y sin acceso a ningún
procedimiento formal.
Mientras
estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil
intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la
fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras y
botes de humo, como reconocieron posteriormente las autoridades españolas que
testificaron sobre el caso Tarajal.
El
Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, había incoado diligencias por delitos
de prevaricación, lesiones, homicidio por imprudencia grave con resultado de
muerte y denegación de auxilio contra 16 agentes de la Guardia Civil que
participaron en el intento de entrada masiva que acabó con la muerte de los 15
inmigrantes.
Ese
mismo juzgado, dictó un auto por el que se acordó, por un lado, continuar las
diligencias previas por delitos de homicidio por imprudencia grave con
resultado de muerte y denegación de auxilio y, por otro, el sobreseimiento
provisional de las actuaciones por delito de lesiones así como el
sobreseimiento libre por el delito de prevaricación.
En
2020, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, acordaba el
sobreseimiento de la causa abierta.
Varias
asociaciones presentaron un recurso de casación contra el auto por los hechos
calificados como delitos de homicidio imprudente, lesiones y denegación de
auxilio y declarando de oficio las costas procesales. Ahora, las asociaciones
deberán proceder al pago de las costas ocasionadas y el Supremo deja claro que
no caben más recursos.
Desde
este espacio nuestro de denuncia y reflexión, nos sumamos a las
reivindicaciones de las asociaciones, como Elín y CEAR, entre otras; que piden
JUSTICIA Y REPARACIÓN para las víctimas de la frontera sur y sus familias y manifestamos nuestro más absoluto rechazo y
disconformidad ante la ratificación del sobreseimiento de la causa de El Tarajal.
Seguiremos
reclamando justicia por las 15 personas que perdieron la vida en la playa del
Tarajal y reparación a sus familias.
Migrar
es un derecho y, por ello, continuaremos exigiendo vías legales y seguras para
que las políticas migratorias no se cobren NI UNA VIDA MÁS.
Para
terminar, y teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones de nuestra
Comunidad, motivar a todos y todas a ejercer nuestro derecho al voto con
responsabilidad civil y moral. Que nos mueva el deseo de contribuir al bien
común y a la configuración de una sociedad más justa. Que valoremos, como
condición suprema, el respeto a la dignidad y a los derechos de todas las
personas.
Amigos,
comienza nuestro tiempo de silencio.
MESA
DIOCESANA DE ATENCIÓN Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA
Colaboración de Juan de la Cruz García
