Preocupa
a la ONU irrespeto en la independencia judicial y la situación de los pueblos
indígenas de Guatemala
El Comité de expertos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó su preocupación sobre la independencia judicial, la situación de vida de los pueblos indígenas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBTI.
Por Simón Antonio Ramón
El examen para
Guatemala sobre la implementación, garantía y protección de los derechos
establecidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales que evalúan expertos que integra el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, expresó su preocupación por la débil implementación de
esta en el país.
Este Pacto contiene
compromisos jurídicos internacionales sobre la promoción, ejercicio y
protección de todos los derechos relacionados al trabajo, en condiciones
justas, seguro social, un nivel de vida adecuado, calidad de salud física y
mental en los niveles más altos posibles, a la educación y al goce de los
beneficios de la libertad cultural y el progreso científico.
En el examen, que se realizó el 3 y 4 de octubre de este año, participó una delegación integrada por 26 personas, encabezada por Ramiro Alejandro Contreras Escobar, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa, el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Vitalina Orellana y otros funcionarios de gobierno.
Las preocupaciones y recomendaciones
En este examen el
Comité emitió 65 recomendaciones sobre diferentes temáticas que cubre el Pacto.
Las centró en la independencia judicial, combate a la corrupción y atención a
las personas defensoras de derechos humanos en el país.
Al referirse a la
independencia judicial indicó que Guatemala debe adoptar los principios básicos
para asegurar que el proceso de selección y nombramiento de jueces y
magistrados sea transparente, objetivo e imparcial, en el que prevalezca el
mérito, la capacidad y la integridad de los candidatos.
El Comité recomendó al Estado, en los apartados sobre empresa y derechos humanos, y el derecho a la consulta previa, acelerar la adopción del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que establece formas para el proceso de la debida participación de los actores interesados, incluyendo representantes de empresas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, y de las comunidades más afectadas.
Además, resaltó que las consultas a pueblos indígenas “sean jurídicamente vinculantes a fin de garantizar plenamente el respeto del derecho que tienen a ser consultados con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado, en lo que respecta a decisiones susceptibles de afectarles”, se lee en el documento de la recomendaciones.
La dependencia de la
ONU también manifestó su preocupación sobre la discriminación de los pueblos
indígenas, afrodescendientes, las personas con discapacidad y personas de la
comunidad LGBTI. Manifestó su preocupación sobre la Iniciativa 5940 “Ley para
garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los
trastornos de la identidad de género”, lo que considera que la iniciativa
refuerza estigmas en contra de la población LGBTI.
En este tema, el Comité
recomendó al Estado aprobar una ley contra la discriminación que incluya
explícitamente todos los motivos de discriminación prohibidos que se enumeran
en el artículo 2 del Pacto y en la Observación General, aprobado en 2009, sobre
la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales. También
recomendó que se defina la discriminación directa e indirecta de acuerdo a las
obligaciones que incumben al Estado parte, en virtud del Pacto. También, que se
prohíba la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado y crear
mecanismos judiciales y administrativos para proteger a las personas contra la
discriminación.
En cuanto al derecho a
la educación, manifestó su preocupación sobre la deserción escolar entre niños
y adolescentes, que resalta más en las comunidades rurales, en el que
identifica las causas, como embarazos precoces y la falta de programas de
educación sexual y reproductiva adecuados. En este tema recomendó que se
implementen medidas para reducir el abandono de estudios, para que no siga
afectando a las niñas y adolescentes por embarazos a temprana edad y el acceso
a condiciones de educación.
Recomendó también al
Estado, que incorpore en los programas escolares de la enseñanza primaria y
secundaria para ambos sexos, una formación, integral y apropiada a cada edad,
sobre salud sexual y reproductiva.
En el apartado de los
derechos culturales se refirió a la situación de las radios comunitarias en
Guatemala que siguen siendo criminalizadas, por lo que pidió realizar las
medidas necesarias para cumplir a la sentencia la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CorteIDH), caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango
y otros vs Guatemala, emitida el 6 de octubre de 2021.
