El partido político
Movimiento para la Liberación de los Pueblos presentó el jueves un amparo ante
la Corte Suprema de Justicia de Guatemala por considerar que se violan sus
derechos al bloquearse la solicitud de inscripción electoral de su fórmula de
cara a los comicios presidenciales.
Medios locales informan
que tras meses de dilaciones y burocracia con el objetivo de bloquear el acceso
del Movimiento para la Liberación de los Pueblos a la boleta electoral se
percibe la “pérdida de la democracia y violaciones al principio constitucional de
elegir y ser electo”.
Gustavo Maldonado,
miembro del equipo legal del Movimiento, considera que el partido ha tenido que
enfrentar muchos obstáculos desde su inscripción, sobre todo por el propio
Tribunal Supremo Electoral que en unión con los bancos impidieron que abriera
una cuenta bancaria.
Una de las razones del bloqueo es el veto al candidato para la vicepresidencia, el ex procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas, por supuestos cargos jurídicos en su contra que hacen irregular su finiquito, documento legal que da por terminada una relación profesional.
Eddy Cux García,
representante de la organización civil Mirador Electoral, opina que se hace
evidente el recurso de cooptación del sistema de justicia que consiste en
restringir ciertas candidaturas y “y claramente la Corte Suprema de Justicia no
tiene prisa en resolver la situación”.
“Es el uso del derecho
electoral del enemigo, en este caso, cuando se permite la participación de unos
y se restringe la de otros, Yo diría que tenemos un escenario de elecciones
restringidas, escenario que no se daba desde 1985 cuando se promulgó la
constitución”, ahondó.
La analista política
Lucy Rodríguez destaca cómo los criterios del Tribunal Supremo Electoral son
aplicados arbitrariamente. “Se ha notado en el tipo de trabas que se le ha
puesto que ciertos personajes tienden a alejarse de la izquierda. Hay mucho del
discurso de evitar el socialismo o evitar ser como Venezuela, por ejemplo”.
La Corte realizó una
vista pública el pasado 27 de marzo y tras el plazo legal de 72 horas para emitir
un fallo, se acogió a un nuevo aplazamiento de cinco días más que, al vencerse
el pasado 4 de abril, acudió a un recurso legal que le permite demorar aún más
su decisión.
La instancia judicial
tiene previsto reunirse al fin en pleno de magistrados hasta el próximo 12 de
abril, pero se desconoce si tramitarán el amparo interpuesto por el Movimiento
para la Liberación de los Pueblos.
Para el profesor
titular de la Universidad de San Carlos, Adrián Zapata, los magistrados “tienen
una mezcla de horror y desprecio ante la posibilidad de que los indígenas
adquieran poder político. Su racismo es producto de ese terror, porque han
visto que en América Latina las opciones políticas de izquierda han cobrado
fuerza”, acotó.
