Marielos Monzón
La estrategia de
criminalización es clara: difundir mensajes falsos y calumnias en contra de
periodistas, “prepara” el camino para que cuando sean perseguidos judicialmente
haya una “justificación” y en la opinión pública quede sembrada la duda que se
traduce en la lamentable y recurrente frase: “algo habrán hecho”.
También se busca minar la reputación de la o el periodista para restarle credibilidad a su trabajo y a sus publicaciones. Hace años que lo vienen haciendo en contra de colegas de medios departamentales y comunitarios acusados espuriamente por alcaldes corruptos, terratenientes, personeros de empresas mineras o vinculadas a megaproyectos. Y desde 2018 la estrategia se extendió en contra de periodistas de la capital que desarrollan su trabajo en prensa, radio, televisión, medios digitales y agencias internacionales.
El común denominador de
quienes son atacados son las investigaciones y publicaciones que realizan
acerca de casos de gran corrupción y tráfico de influencias que salpican a
empresarios, políticos, funcionarios públicos, militares y operadores de
justicia corruptos; y la cobertura e información sobre procesos en contra de
militares en retiro por graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la guerra.
A partir del proceso
judicial en contra de Jose Rubén Zamora (JRZ) se agregó un escalón más a la
perversa estrategia. Ahora se intenta perseguir a periodistas y columnistas por
informar y opinar, equiparando la cobertura mediática a una actividad criminal
que busca obstruir a la justicia.
Así quedó evidenciado
durante una de las audiencias del segundo caso en contra de JRZ cuando el MP
solicitó investigar a 9 columnistas y periodistas de elPeriódico por el posible
delito de obstaculización a la justicia, y el juez aceptó. La semana pasada, de
boca del propio fiscal Curruchiche se confirmó que la investigación avanza y
que el propósito es establecer la existencia de una estructura conformada por
los colegas en “contubernio” con el presidente de elPeriódico. De resultar
imputados, podría incluso aplicárseles la Ley contra el crimen organizado.
Similar actitud ha
tomado la fiscalía y la jueza del segundo caso en contra de Virginia Laparra
que se ventila en Quetzaltenango. A la exfiscal se le denegó el arresto
domiciliario basándose en 30 tuits que usuarios de esa red social publicaron en
su apoyo y en la cobertura de varios medios que documentaron las violaciones al
debido proceso. A partir de ahí desde cuentas de redes sociales —unas anónimas
y otras no— empezaron a lanzarse mensajes respecto de las “estructuras
criminales” enquistadas en medios de comunicación.
Alertada, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH expresó en un comunicado: “se ve con preocupación que el Estado presuma que la cobertura periodística sobre temas trascendentales para la vida democrática de Guatemala pueda configurar el delito de obstrucción de justicia (…) el simple hecho de abrir una investigación penal contra la prensa a raíz de diversas publicaciones de interés público tiene consecuencias severas para el derecho de las y los reporteros a informar, y el derecho a la sociedad a estar informada”.
Ya no están solo empeñados en silenciar a las voces críticas y ahogar a los medios independientes. Buscan castigar enviando a prisión a quienes se atreven a fiscalizar y a desafiar al poder. El MP y la Feci equivocaron el rumbo. Ni los periodistas somos criminales, ni las salas de redacción guaridas de delincuentes
Prensa Libre