Marielos Monzón
El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y en Guatemala nos encuentra en el medio de una ofensiva en contra de medios y periodistas independientes que tiene en las cortes y en el Ministerio Publico, a sus principales actores. Recurrir Derecho Penal como herramienta de acoso, castigo y disciplinamiento no es un hecho aislado, se da en el marco del retroceso autoritario que está instalado en el país.
El gobierno está utilizando el sistema de justicia para evitar que continúen saliendo a la luz pública investigaciones e información sobre hechos de corrupción en los que están implicados empresarios, militares y altos funcionarios del Estado. Situación que se agrava a nivel local en donde las y los colegas enfrentan cotidianamente denuncias, amenazas y agresiones de alcaldes, terratenientes, empresas vinculadas a proyectos extractivos y estructuras criminales.
Esta ofensiva está acompañada de una agresiva y cada vez más repugnante campaña de hostigamiento y difamación en redes sociales, en donde decenas de cuentas anónimas se dedican a difundir amenazas, propagar mensajes de odio e intimidación y hasta anunciar los próximos pasos que dará la Fiscalía, en una suerte de vocería “no-oficial” con acceso a información privilegiada.
Pero no solamente se retuerce el Derecho Penal. También se está mal utilizando la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para evitar que se informe y se publique acerca de denuncias o hechos anómalos cometidos por funcionarias, políticas y candidatas. Algunos juzgados han llegado al extremo de dictar medidas de restricción para mantener alejados a periodistas de entidades públicas y evitar que puedan realizar entrevistas y coberturas.
Se difunden narrativas para hacer ver a medios y periodistas como parte de estructuras criminales.
Desde los espacios de poder, incluyendo a la institucionalidad pública, se siguen difundiendo narrativas para descalificar el trabajo periodístico y hacer ver a medios y periodistas como parte de redes criminales, siguiendo la línea del MP de pedir a los jueces autorizar investigaciones para nutrir denuncias espurias.
En ese marco, el informe anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre Guatemala (2022) señala un incremento de la criminalización de más del 54% en contra de personas que defienden los derechos humanos, incluyendo periodistas. Los impactos de esta persecución legal son múltiples y se traducen en encarcelamiento, exilio forzado, censura y autocensura.
Los procesos en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín, uno de los periodistas más reconocidos y galardonados de Centroamérica, además de un claro acto de represalia y castigo por su trabajo y por las publicaciones de El Periódico, tienen como objetivo enviar un mensaje a las y los periodistas guatemaltecos: “si lo hicimos con él, lo podemos hacer contra cualquiera de ustedes”.
Hace más de 300 días que Zamora guarda prisión bajo un régimen de aislamiento —se le permite salir a tomar el sol solamente 1 hora al día— y enfrenta dos procesos penales, sin ninguna garantía de tener un juicio justo. Cuatro de sus abogados defensores fueron acusados por el MP —2 de ellos aceptaron cargos bajo presiones— y los testigos de descargo están siendo intimidados. Además está en marcha una investigación contra 8 periodistas y columnistas del medio para intentar probar la tesis de la fiscalía sobre la existencia de una “estructura para obstruir la justicia”.
Estos ataques también
buscan evitar que la población reciba información sobre hechos que le impactan
y permanezca sumida en la oscuridad del silencio y la impunidad.
Por eso, este 3 de mayo
periodistas y medios independientes reafirmamos nuestro compromiso de seguir
haciendo lo que sabemos hacer: poner luz sobre aquello que los poderosos
quieren mantener oculto.
PRENSA LIBRE
