El 24 de junio de 2023 se cumple un año de la masacre de Melilla, que se saldaron, con la muerte y ejecución extrajudicial de al menos 37 personas, 77 víctimas de desaparición forzada, cientos sometidas a la denegación de auxilio, a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes. La mayoría eran personas refugiadas procedentes de Sudán, muchas de ellas menores de edad, que fueron expulsadas ilegalmente y a quienes se les impidió ejercer su derecho humano a solicitar asilo.
Se cumple un año de la
masacre de Melilla, “la más grave de los últimos tiempos” perpetrada en suelo
europeo, y pesar de ello, el Gobierno del Estado español ha incumplido sistemáticamente
su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades,
promover la rendición de cuentas y reparar el daño.
A lo largo de este año
han imperado la opacidad y las versiones contradictorias por parte del máximo
responsable de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
español, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, quien ha sido
apoyado por los partidos de la coalición del autodenominado “Gobierno más
progresista de la historia de España” y respaldado públicamente una y otra vez
por el presidente Pedro Sánchez.
Los crímenes de derecho
internacional perpetrados el 24 de junio de 2022 por agentes estatales de
España y Marruecos no pueden ser calificados como una tragedia. Se trata de la
actuación coordinada entre dos gobiernos que derivó en una masacre. Es una
masacre que, como la de Tarajal y otras que la antecedieron, demuestra el
carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión
Europea y ejecutadas por los estados miembros, así como por terceros países
subcontratados con el objetivo de dificultar e impedir la movilidad
internacional del Sur al Norte global y de ejecutar el expolio de bienes y
recursos en la dirección opuesta.
La gran mayoría de las
víctimas de la masacre de Melilla procedían de Sudán, un país inmerso en una
profunda crisis política y en un conflicto armado que se ha ensañado durante
años contra la población civil. Una realidad ampliamente reconocida por el
Estado español, quien en los últimos cinco años, según datos del Ministerio del
Interior, ha concedido el 90 % de estatutos de protección internacional a las
personas sudanesas que han conseguido llegar a territorio español para
solicitar asilo, a pesar de la discriminación en la concesión de visados que
sufren especial y desproporcionadamente las personas refugiadas negras en
relación con otras poblaciones perseguidas, tal como ha evidenciado la respuesta
europea prioritaria para las personas refugiadas procedentes de Ucrania.
Tampoco se les autoriza a la mayoría de personas refugiadas negras procedentes de países africanos en conflicto el traslado a España a través del procedimiento establecido por el artículo 38 de la Ley de Asilo que permite iniciar el proceso de protección internacional en los consulados y embajadas de España en cualquier país.
Tal es el caso del
refugiado sudanés Basir, quien, tras ser torturado y expulsado ilegalmente, es
el único sobreviviente de la masacre del 24 de junio de 2022 que ha solicitado
protección internacional en la Embajada de España en Rabat. A fecha de hoy, la
petición de Basir continúa sin respuesta por parte del Gobierno español, y
pendiente de ser trasladado a España, lo que demuestra que esta vía defendida
por el Ministerio del Interior ante los Parlamentos europeo y español, no es
más que una mentira.
Ha pasado un año y el
Estado español continúa sin abrir una investigación independiente e imparcial
que permita a las víctimas y a sus familiares acceder a la verdad, la
justicia y la reparación, como única vía para garantizar la no repetición de
otra masacre de personas migrantes y refugiadas en territorio español,
perpetrada por agentes estatales españoles o con la aquiescencia de estos. Un
año después, las acciones y omisiones del Estado continúan sin ser investigadas
ni sancionadas. Un año después, las víctimas continúan sin acceder a su derecho
a la justicia y las familias no han encontrado, identificado ni enterrado a sus
muertos.
Por todo lo expuesto y
ante un año sin justicia, exigimos:
1. El cese inmediato
del ministro del Interior, Grande-Marlaska como máximo responsable del operativo
implementado el 24 de junio de 2022 en Melilla y su eliminación de cualquier
lista electoral en las próximas elecciones generales del 23 de julio.
2. De cara a las
próximas elecciones generales, es imprescindible que los partidos políticos se
comprometan públicamente con la búsqueda de la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas de la masacre de Melilla.
3. La apertura de
mecanismos de investigación independientes y efectivos que cumplan con la
obligación del Estado español de perseguir los crímenes internacionales,
especialmente aquellos perpetrados por sus propios agentes en contra de
personas racializadas.
4. Poner a disposición
inmediata de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de
las personas desaparecidas, así como para la identificación y recuperación de
los restos de las víctimas mortales.
5. La implementación
efectiva de los medios que permitan iniciar el procedimiento de protección
internacional en las delegaciones diplomáticas, a través del artículo 38 de la
Ley de Asilo, así como la creación de otros mecanismos legales y seguros para
obtener visados y solicitar protección internacional en España desde otros
estados.
6. El traslado
inmediato al Estado español del refugiado sudanés Basir y la concesión inmediata
de protección internacional para él y para todas las personas sobrevivientes de
la masacre del 24 de junio de 2022.
7. La eliminación del
mecanismo específico de devoluciones y expulsiones en Ceuta y Melilla por ser
discriminatorio en relación con el resto de población y por carecer de las
garantías jurídicas básicas de todo procedimiento.
8. El fin de las
expulsiones y devoluciones ilegales en todo el territorio español.
9. La erradicación de
cualquier forma de discriminación racial en el acceso real y efectivo a la protección
internacional.
10. Recursos
suficientes, eficaces y descentralizados para las personas víctimas de persecución
y vulneraciones de derechos humanos, así como la eliminación de cualquier barrera
que impida acceder eficazmente a la Administración para solicitar asilo en el Estado
español.
11. La
eliminación de los centros de privación de libertad de personas
extranjeras conocidos como Centros de Internamiento de Extranjeros.
12. La priorización
durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea del debate
sobre el respeto a los derechos de las personas en procesos de movilidad
humana, así como sobre la lucha contra la impunidad de los graves crímenes
internacionales perpetrados por agentes estatales de y en Estados miembros.
Amigos, comienza nuestro TIEMPO DE SILENCIO.
MESA DIOCESANA DE ATENCION Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y
REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA.
Colaboración de Juan García de Paredes.
