Evaristo Villar
Constituirnos en un
“nosotros”, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, ha dado lugar
a los Estados sociales y económicos de derecho con su fiscalidad justa y
progresiva: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (Constitución
Española, art.31).
Esta contribución de
todos permitirá que el Estado asuma sus obligaciones: “organizar y tutelar la
salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y servicios
necesarios” (art.43); “proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente” (art.45); “disfrutar de una vivienda digna y
adecuada” (art.47); “pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”
(art.50); “defensa de los consumidores y usuarios” (art.51), etc. Y hubo una
primera etapa constitucional en que se difundía en la opinión pública aquello
de que “hacienda somos todos”. Lo que permitió avances en la calidad y
universalización de servicios públicos como sanidad, educación, etc.
Sin embargo, al día de
hoy, hay medios de comunicación y programas políticos que promocionan campañas
de reducción de impuestos, que terminan conformando una mentalidad y unas
prácticas anticonstitucionales. Ya que -dicen- “donde mejor está el dinero es
en el bolsillo de los ciudadanos”. Como si unos servicios públicos universales
y de calidad no formaran parte también de este bolsillo de cada ciudadano.
Francisco comenta en E.G. la “teoría del derrame” de un capitalismo sin responsabilidades sociales “que supone que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión – dice Francisco – que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante”.
En este sentido, cuando
el Banco de España acaba de constatar
que los beneficios empresariales han crecido en el último año 2022 por encima
del 90%, resulta obsceno el lamento de los bancos, corporaciones energéticas,
constructoras y alimentarias ante las medidas del gobierno de coalición que
pretende cumplir el mandato constitucional de “contribuir al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.
O la práctica, demasiado extendida por parte de las élites económicas, de evasión, fraude o dumping fiscal. Desde el rey emérito, pasando por las grandes empresas y entidades financieras que cotizan en el IBEX-35, o entidades eclesiásticas con sus chanchullos sobre el I.B.I., parece haber una competencia por ver quién es más hábil para detraer recursos de la Hacienda Pública, recursos de los que, por otra parte, viven. Pero, cuando llega la hora de devolver una parte de toda la ayuda recibida, la respuesta vuelve a ser que los beneficios son privados y son suyos y la deuda pública es cosa nuestra y nuestro problema. La Plataforma por Justicia Fiscal ha propuesto a la Real Academia Española cambiar la denominación "guarida fiscal". Efectivamente, la palabra "paraíso" comporta un significado positivo, agradable que para nada refleja las consecuencias para la comunidad de este fraude. Estamos más bien ante prácticas de personajes y entidades antisociales que piratean recursos comunes y los esconden en guaridas administrativas para su propio disfrute individualista.
Sus consecuencias se
van haciendo evidentes: degradación de servicios públicos o falta de recursos
para hacer efectivos otros derechos proclamados teóricamente en la
Constitución. Así como la necesidad, por parte del Estado, de endeudarse con
las entidades financieras privadas para poder financiar sus programas.
Situaciones que terminan favoreciendo a los mismos “piratas”, ya que aumentan
las oportunidades para sus privatizaciones, las llamadas “colaboraciones
público-privadas” y el sometimiento del Estado a las finanzas privadas por el
servicio que comporta la amortización de la deuda pública.
Habrá que reestructurar la política fiscal para contribuir a la reactivación económica y ecológica y reducir las desigualdades, ponerle palos en las ruedas a un capitalismo financiero-rentista. “Necesitamos constituirnos en un “nosotros” que habita la casa común, cuidar el mundo que nos rodea y contiene, y cuidarnos a nosotros mismos. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido.” (Francisco)
Evaristo Villar
Editorial de Redes
Cristianas
