¡Lo más reciente de las elecciones!
En una reunión de
académicos a principios del 2023 surgió una pregunta casi filosófica: ¿El pacto
de control institucional y político llegará a tener una fisura algún día?
Este cuestionamiento
fue puesto en la mesa de debate debido al clima de represión, persecución
judicial y ataques sistemáticos a operadores de justicia, defensores de
derechos humanos, activistas sociales y periodistas.
Las condiciones no eran
alentadoras y un punto en común era que la única salida que el propio sistema
ofrece para hacer un giro desafiante al mismo sistema eran las elecciones.
Ese mismo control
institucional fue acomodando la campaña a su favor: sacaron del camino tres
opciones que podrían alterar el plan de prolongar el gobierno actual. El TSE y
las cortes dejaron fuera a Thelma Cabrera —de creciente aceptación
antisistema—, Roberto Arzú —el hijo rebelde del sector político tradicional— y
Carlos Pineda —el outsider simpático de las redes sociales—.
Pintaban unas
elecciones a la medida del gobierno. El pacto con alcaldes, el músculo del
trabajador estatal, el clientelismo y los pactos con sectores específicos;
unido a la expulsión de otras candidaturas, pintaban unas elecciones sin muchas
sorpresas.
Que Sandra Torres y su
fuerza en los departamentos pasaran a la segunda vuelta no estaba en duda. Al
contrario, confiaban en que fuera así para que el antivoto le facilitara el
paso a la presidencia a su contrincante. Claro está, esperaban un contrincante
afín al pacto.
Tenían varias opciones.
Que Zury Ríos llegara al balotaje supondría acuerdos de fácil acceso para mantener la cooptación institucional. Las cartas estaban tiradas sobre la mesa. Manuel Conde, el candidato de Vamos, también era una opción confiable para ellos. Tanta era esa confianza que el mismo hombre más cercano a Alejandro Giammattei aseguró que Vamos estaría en segunda vuelta.
Sin embargo, hubo un
factor que no tomaron en cuenta: el hartazgo ciudadano. El cansancio hacia el
pacto de impunidad hizo que se inclinara la balanza por una opción «no
prevista».
La sorpresa comenzó el
25 de junio cuando en el centro de cómputo del TSE instalado en el hotel Grand
Tikal Futura se recibían las actas que traían una información poco esperada:
Semilla recogía el voto del guatemalteco cansado del «pacto de corruptos».
«No nos van a ver
venir», se oyó en el hotel donde Semilla celebraba cada voto que los colocaba
como el segundo partido más votado para la presidencia, que le daba la tercera
fuerza en el Congreso y que ponía en jaque la integración de la municipalidad
capitalina.
El «no nos vieron
venir» hizo tambalear al sistema y activó a su herramienta de ataque
institucional —el Ministerio Público— para arrancar una obsesiva investigación
para cancelar al partido y que la segunda vuelta no se celebrara.
El TSE, contrario a su actuar
en los meses anteriores en el que descalificó a opositores incómodos, ahora
puso el pecho en defensa del voto ciudadano. Desde el 25 de junio hasta el 20
de agosto soportó la insistencia del MP de Consuelo Porras —en mancuerna con el
juez Fredy Orellana— para derribar la candidatura de Arévalo.
Se puso en la cuerda
floja el orden constitucional. La presión interna y externa desaceleró la
maquinaria del MP para que al menos se celebrara la segunda vuelta, el pasado
domingo 20 de agosto.
Tres casos abiertos en
el MP serán los obstáculos para que en los próximos 145 días que faltan para la
toma de posesión se insista en cancelar el partido, procesar y capturar a personas
de la agrupación política.
Ese es el contexto. Sin embargo, no impidió que desde la noche del domingo 20 de agosto en Guatemala se respire un aire de cambio. Esa «fisura» en el pacto de corruptos dejó una ventana para iniciar un giro político importante.
Hay algunos puntos
clave que deben considerarse desde ahora:
Las denuncias de amenazas
contra la vida de los magistrados del TSE —Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera e
Irma Elizabeth Palencia— no deben pasar desapercibidoa. Incluso, la magistrada
Alfaro adelantó que podría presentar su renuncia al Congreso para someterse a
cualquier investigación, esto con tal de parar las amenazas en su contra.
Inicia el periodo de
revisión de actas y resolución de impugnaciones, un proceso que, si no queda
entrampado, debe terminar en menos de una semana, según el tiempo de ley en el
Congreso. Mientras eso ocurre, aún no se pueden oficializar los resultados y
acreditar los cargos.
La UNE y Sandra Torres
no aceptaron los resultados. Antes del balotaje adelantaron que no dejarían que
les «robaran las elecciones» y después de los resultados sólo adelantaron que
revisarían los resultados.
Los alfiles del sistema
actual que operan como netcenter han tirado mensajes sobre posibles acciones
que el MP puede activar en los próximos días.
El fiscal Rafael
Curruchiche adelantó que preparan medidas como antejuicios y solicitudes de
capturas por los casos que tiene el MP, puntualmente el que bautizaron como
«Corrupción Semilla».
Entretanto, el partido
Semilla anunció que en los próximos días presentarán a su equipo de ministros
para comenzar con la transición de mando. Aquí se reflejará el tipo de
negociaciones que logre el partido con sectores clave del país.
Alejandro Giammattei
publicó dos mensajes en los que aseguró que trabajará con el gobierno electo,
siempre y cuando se oficialicen los resultados.
El TSE estará sometido
a presiones judiciales y acciones que pueden retrasar la oficialización de los
resultados.
Se vienen 145 días
recios en los que será clave el respaldo ciudadano a las autoridades electas.
Aprovechamos la
oportunidad de este boletín para agradecer a nuestra audiencia y comunidad que
ha estado conectada con las publicaciones de Plaza Pública y de su equipo de
periodistas que ha relatado estas elecciones de una manera profunda, clara y
explicativa.
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