92 MANIFIESTO CÍRCULO DE SILENCIO
Cádiz a 8 de mayo de 2024
Comenzamos nuestro Círculo de Silencio en Londres. El martes 23 de abril, salió adelante en el parlamento de Reino Unido la “Ley de Seguridad de Ruanda”, que delega al país africano la gestión de los inmigrantes irregulares llegados al Reino Unido, y convierte en casos muy puntuales la posibilidad de solicitar protección internacional en territorio británico.
El momento de acudir al tribunal de Estrasburgo, para la defensa de los derechos humanos llegará cuando el Gobierno comience con las primeras deportaciones, que se anuncian para el próximo mes de julio.
Son muchos los críticos de la ley, tanto desde el bando de la oposición como desde el propio Partido Conservador, que la consideran una victoria política, pero que difícilmente logrará sortear todos los desafíos legales que le vienen por delante.
El Gobierno británico ha pagado ya a Ruanda casi 280 millones de euros en 2023, y el pago total, a lo largo de cinco años, alcanzará al menos los 430 millones de euros, según la Oficina Nacional de Auditoría, un órgano independiente de control de las finanzas públicas.
Es una medida absurda planeada para la captación de votos, pues con las capacidades contratadas de alojamiento y atención en Ruanda, el Reino Unido solo puede enviar 200 personas al año al país africano. Es decir, un 0,7% del número total de inmigrantes que llegaron en 2023 a las costas inglesas (29.437 personas).
Además, cada individuo deportado costará al Estado británico unos 174.000 euros, casi 73.000 euros más de lo que cuesta mantenerlo en territorio del Reino Unido.
El Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, se ha unido a la denuncia de la ley diciendo: “Supone un nuevo paso del Reino Unido con el que se aleja de su larga tradición de ofrecer refugio a los que lo necesitan, y de atentar contra la Convención para los Refugiados”.
Por otro lado, la actualidad en nuestro país desde nuestro último Círculo de Silencio nos obliga a pararnos en el acuerdo entre el Gobierno central y el de Canarias para cambiar la ley de extranjería y establecer un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados en casos de emergencia migratoria. Hasta ahora el reparto era voluntario y se establecía por “solidaridad” entre las comunidades y Canarias.
Esto ha sublevado a los gobiernos autonómicos. Si se aprueba la Ley, obligará a una reubicación inicial de 2.500 menores (que saldrán de las islas y de Ceuta).
Y otro reproche hacia el gobierno central que comparten, al menos públicamente, Andalucía y Madrid, es que estas comunidades (y muchas otras) están recibiendo cientos de menores en sus centros de acogida que fueron trasladados como si fuesen adultos desde Canarias. Las deficiencias en la identificación de estos niños, han permitido que desde el año pasado, el Ministerio de Migraciones haya derivado a la Península a cientos de migrantes llegados a las islas como si fuesen adultos cuando en realidad no lo eran. Al identificarlos en los centros de acogida y someterles a las pruebas de determinación de la edad, la Fiscalía debe ordenar su ingreso en centros para menores de la comunidad donde estén y esta tiene la obligación de acogerlos.
Y un mes más tenemos que hablar de tragedias, de seres humanos muertos ahogados a las puertas de Europa, de sueños rotos y de familias destrozadas.
El 29 de abril, un helicóptero de salvamento marítimo recogía a las nueve personas que quedaban en un cayuco, aferradas como podían a una embarcación casi hundida, a 110 km de la isla de El Hierro.
Según los supervivientes, el cayuco había salido hace nueve días desde Senegal hacia Canarias con 60 personas a bordo y volcó en su séptimo día de navegación. Los supervivientes son los únicos que lograron mantenerse a flote, dar la vuelta al cayuco y subirse de nuevo a sus restos.
La ruta que usan los cayucos hasta llegar a la isla de El Hierro resulta más larga y peligrosa que otras más cortas entre Marruecos o el Sáhara Occidental y las islas más orientales como Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
También, a mediados del mes de abril, un cayuco llegó a las costas de Brasil con nueve cadáveres a bordo. La patera extraviada llevaba al menos 25 africanos a Canarias que murieron de hambre y sed.
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) trasladó al Gobierno de España un informe que refleja un aumento de un 20 % en el número de personas que han desaparecido al tratar de llegar a Canarias desde África en lo que va de año, lo que supone 200 personas más que el mismo periodo del año pasado.
El trasiego, con todo, no cesa. Cuatro embarcaciones con un total de 220 inmigrantes a bordo llegaron el 28 de abril a las costas de Canarias, dos a la isla de El Hierro y otras dos a Gran Canaria.
Entre el 1 de enero hasta el 15 de abril arribaron a las islas 14.115 personas, frente a las 2.376 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un 491% más. Lo hicieron en 212 embarcaciones, frente a las 56 de 2023. Las llegadas a Canarias han supuesto el 80% del total de inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre en el periodo.
Cuando van a entender los países de acogida que el sistema necesita de los migrantes para su sostenimiento, y que por consiguiente el único camino, lejos de poner vallas al mar, es establecer vías legales y seguras de entrada para dignificar al ser humano, ajustando las necesidades de mano de obra al control de las entradas.
Amigos, comienza nuestro TIEMPO DE SILENCIO.
MESA DIOCESANA DE ATENCION Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA.
Colaboración de Juan García de Paredes.