Indígenas piden a Arévalo solucionar la crisis socio ambiental provocada por la minería
Una evaluación
ambiental estratégica por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) para analizar el estado de los recursos naturales en el país, restituir
a las comunidades el derecho a la consulta libre y el acceso a la información,
una nueva normativa sobre minería y suspender de forma definitiva las areneras
que operan ilegalmente son cuatro de las siete peticiones que autoridades
indígenas y pobladores plantearon el 28 de octubre al presidente Bernardo
Arévalo.
Este martes 10 de
diciembre, durante una conferencia de prensa dieron a conocer sus demandas.
Tras finalizar la actividad, las autoridades gubernamentales recibieron a los
representantes de las comunidades y otras organizaciones ambientalistas. La
jornada de la delegación de representantes de 19 grupos organizados terminó con
un acuerdo entre el Gobierno que propuso generar un espacio de diálogo y una
hoja de ruta para abordar las peticiones expresadas en el memorial entregado el
28 de octubre, informó Julio González, activista del colectivo Madre Selva.
“No estamos en contra
del desarrollo, pero sí estamos pidiendo que se nos respete el derecho a la
consulta”, afirmó Gilberto Pérez, de la Pastoral Social y del colectivo Defensores
del Puerto San José.
El 19 de febrero de
2023, el municipio de San José en el departamento de Escuintla realizó una
consulta popular en la que el votó en contra de la privatización de la
carretera que comunica el Puerto San José con la cabecera de Escuintla. En ese
momento los representantes de los vecinos pidieron al gobierno de Alejandro
Giammattei que el resultado fuera tomado en cuenta.
Ahora, con el nuevo
gobierno presidido por Arévalo, los pobladores señalaron en el memorial que
entregaron, el pasado 28 de octubre, que al ejercer el derecho a la consulta
libre, previa e informada y el acceso a la información los pobladores han sido
criminalizados y judicializados por empresas con el apoyo del Ministerio
Público y las cortes.
Las autoridades
indígenas presentes en la conferencia también expusieron los daños a la salud
de la población, la pobreza y falta de desarrollo de la infraestructura vial
que han provocado los proyectos mineros e hidroeléctricas en sus comunidades.
Rosario López y López,
forma parte de un colectivo de mujeres organizadas de Santa Cruz Chinautla en
donde la resistencia antiminera se encuentra en una lucha contra dos areneras
que han operado en el municipio desde hace 25 años. Las licencias para explotar
los recursos del municipio se vencieron y López relató que solo ha dejado
carreteras y puentes destruidos, los recursos naturales en decadencia.
“Nosotros le llamamos un monstruo, porque ya tiene años de tener la licencia vencida y aun así está sacando arena. Salen como 100 camiones diarios. No tenemos un pueblo desarrollado, pero seguimos en resistencia desde hace tres años”, comentó y pidió al gobierno escuchar su principal demanda: cancelar la explotación minera en Santa Cruz Chinautla.
La minería de cantera o
areneras es otro punto planteado en el memorial. Las comunidades solicitan
suspender de forma definitiva las areneras que operan de manera ilegal en todo
el territorio. “Esta práctica está afectando las cuencas y los recursos de
ríos, construyendo riesgos a futuro a las comunidades instaladas en las riberas
de los cursos de agua”, dice el comunicado.
Además, piden al
Ministerio de Energía y Minas (MEM) que los responsables sean sancionados y
obligados a pagar la reparación de daños causados por la minería, minería no
metálica y minería de cantera, así como que haga cumplir la ley minera y
aplicar el principio de caducidad a aquellos proyectos que están causando
graves daños ambientales.
“Que antes de dar
continuidad a las licencias de exploración y explotación minera se realice una
evaluación de daños y se proceda nuevamente a una consulta para que las
comunidades y pueblos decidan si dan nuevamente el aval para su continuidad.
Además, se debe terminar con el fraude de mantener vigentes licencias de
explotación minera por estar supuestamente en fase de mantenimiento, criterio
que no existe en la ley”, señala un comunicado en donde reseñan las peticiones
realizas al mandatario.
La consulta popular es
una herramienta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Carta de la Convención Americana. “No se puede continuar
otorgando licencias ambientales o actualizándolas sin el aval de la participación”,
añade el texto.
El documento está
firmado por el colectivo Madre Selva, Autoridades ancestrales de Santa Cruz
Chinautla, Resistencia Asunción Mita, Jutiapa; Comisión Laudato Si; Asunción
Mita; Resistencia de Panzós; Pastoral de la Tierra de San Marcos; Autoridades
ancestrales de Olopa; Consejo Ecuménico Guatemala; Resistencia El Estor; JPIC
Franciscana Guatemala; JPIC / Confregua; Resistencia Comunidad El Pato,
Chiquimula; Convergencia Nacional de Resistencia; Resistencia del Puerto de San
José; Resistencia Comunidad Lote 9, El Estor; Iglesias y Minería y Red CPAZ
Guatemala.
El comunicado finaliza
pidiendo al gobierno de Arévalo que suprima la categoría de “arenas
enriquecidas” y que el MEM instale mecanismos y procedimientos técnicos para
tasar de forma transparente el volumen de material minero extraído para que
sobre eso se calculen los impuestos correspondientes. Además, piden al Estado
que ratifique el Acuerdo de Escazú para el cumplimiento de los derechos como al
acceso a la información y consulta libre así como su obligación de proteger a
los y las defensoras ambientales.
La minería en
Centroamérica
Pedro Cabezas,
coordinador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, dijo a Prensa
Comunitaria que en un diagnóstico sobre la industria minera que realizó la
organización en 2019 reveló cuántos permisos mineros existían entonces en
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Cabezas contó que el desafío fue
la recolección de datos debido a que los gobiernos no son abiertos en este
tema. “Logramos recabar que habían más de 300 permisos mineros en Nicaragua,
casi 1,800 en Honduras y Guatemala también tenía casi el mismo número. Mientras
en El Salvador se contabilizaron 28 concesiones mineras”, afirmó.
En cuanto al territorio
que ocupan estos proyectos comentó que el estudio registró que en Nicaragua es
el 40%, en Honduras el 60%, en Guatemala el 30% y en El Salvador 20%.
“Nicaragua le acaba de
concesionar 13 territorios mineros a China y sabemos que El Salvador está
negociando un tratado de libre comercio y creemos que el interés de Nayib
Bukele (presidente salvadoreño) está vinculado a ese tratado con China porque
este país asiático está interesado en tener acceso a los recursos naturales
centroamericanos. Además, tenemos 20 empresas de Colombia. En Nicaragua ya hay
empresas brasileñas”, agregó el coordinador de la Alianza Centroamericana
Frente a la Minería.
Por Isela Espinoza