Indígenas piden a Arévalo solucionar la crisis socio ambiental
provocada por la minería
Más de 10 colectivos de
pobladores y ambientalistas realizaron un memorial para enfatizar la
problemática que viven en sus comunidades pero también para proponer soluciones
al Gobierno quien ofreció realizar una hoja de ruta para atender sus demandas.
Una evaluación
ambiental estratégica por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) para analizar el estado de los recursos naturales en el país, restituir
a las comunidades el derecho a la consulta libre y el acceso a la información,
una nueva normativa sobre minería y suspender de forma definitiva las areneras
que operan ilegalmente son cuatro de las siete peticiones que autoridades
indígenas y pobladores plantearon el 28 de octubre al presidente Bernardo
Arévalo.
Este martes 10 de
diciembre, durante una conferencia de prensa dieron a conocer sus demandas.
Tras finalizar la actividad, las autoridades gubernamentales recibieron a los
representantes de las comunidades y otras organizaciones ambientalistas. La
jornada de la delegación de representantes de 19 grupos organizados terminó con
un acuerdo entre el Gobierno que propuso generar un espacio de diálogo y una
hoja de ruta para abordar las peticiones expresadas en el memorial entregado el
28 de octubre, informó Julio González, activista del colectivo Madre Selva.
“No estamos en contra
del desarrollo, pero sí estamos pidiendo que se nos respete el derecho a la
consulta”, afirmó Gilberto Pérez, de la Pastoral Social y del colectivo Defensores
del Puerto San José.
El 19 de febrero de
2023, el municipio de San José en el departamento de Escuintla realizó una
consulta popular en la que el votó en contra de la privatización de la
carretera que comunica el Puerto San José con la cabecera de Escuintla. En ese
momento los representantes de los vecinos pidieron al gobierno de Alejandro
Giammattei que el resultado fuera tomado en cuenta.
Ahora, con el nuevo
gobierno presidido por Arévalo, los pobladores señalaron en el memorial que
entregaron, el pasado 28 de octubre, que al ejercer el derecho a la consulta
libre, previa e informada y el acceso a la información los pobladores han sido
criminalizados y judicializados por empresas con el apoyo del Ministerio
Público y las cortes.
Las autoridades
indígenas presentes en la conferencia también expusieron los daños a la salud
de la población, la pobreza y falta de desarrollo de la infraestructura vial
que han provocado los proyectos mineros e hidroeléctricas en sus comunidades.
Rosario López y López,
forma parte de un colectivo de mujeres organizadas de Santa Cruz Chinautla en
donde la resistencia antiminera se encuentra en una lucha contra dos areneras
que han operado en el municipio desde hace 25 años. Las licencias para explotar
los recursos del municipio se vencieron y López relató que solo ha dejado
carreteras y puentes destruidos, los recursos naturales en decadencia.
“Nosotros le llamamos
un monstruo, porque ya tiene años de tener la licencia vencida y aun así está
sacando arena. Salen como 100 camiones diarios. No tenemos un pueblo
desarrollado, pero seguimos en resistencia desde hace tres años”, comentó y
pidió al gobierno escuchar su principal demanda: cancelar la explotación minera
en Santa Cruz Chinautla.