PERMANECEN EN LIMBO MIGRACIÓN EN GUATEMALA
ACNUR, Daniel Ortega, Derechos humanos, Dictadura, Estados Unidos, Exilio forzado, Gobierno de Arévalo, Nicaragua
La incertidumbre se
convierte en temor por el futuro para 44 ex-presos políticos nicaragüenses y
sus familiares, que tras ser liberados, se encuentran en un limbo migratorio en
Guatemala luego que Estados Unidos denegara su reasentamiento en ese país.
Ellos forman parte de
los 135 nicaragüenses liberados por el Departamento de Estado de Estados Unidos
y a quienes el gobierno de Bernardo Arévalo aprobó su arribo, vía aérea, el 5
de septiembre de 2024.
El entonces consejero
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dio a conocer la
llegada de los nicaragüenses y afirmó que se les ofrecería “la oportunidad de
solicitar formas legales de reconstruir sus vidas en Estados Unidos y otros
países”.
Mientras, el canciller
Carlos Martínez, informó que los 135 nicaragüenses tendrían 90 días de estancia
en el país regulada con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y anunció
la coordinación de apoyo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Empezamos mal el año”,
dijo Yostin Selva, uno de los activistas políticos excarcelados por el régimen
de Daniel Ortega, al recordar que el 8 de enero empezaron a recibir la
notificación negativa para ingresar a Estados Unidos.
“Muchas de las
negativas fueron por los mismos delitos que nos inculpó el régimen. Delitos
totalmente viciados e inventados con pruebas de juicios anómalos e ilegales”,
contó Edder Muñoz, otro de los nicaragüenses afectados.
Con la negativa del
asilo en Estados Unidos también llegó otra: a partir del 31 de enero ACNUR
dejará de brindar asistencia económica y alojamiento.
Han pasado cuatro meses desde que llegaron a Guatemala. Las condiciones políticas del país tras la llegada de Arévalo también favorecieron su estadía y arribo. Sin embargo, el sueño de reconstruir su vida está en pausa para los 44 presos políticos, que junto a su núcleo familiar suman 66 nicaragüenses, en un limbo migratorio.
Su situación se dio
luego que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos les negara
el permiso para establecerse en ese país. ¿Las razones? Inadmisibilidad, falta
de credibilidad citando inconsistencias en los testimonios durante la
entrevista y que los factores negativos superaron a los positivos.
Los cuatro
entrevistados por Prensa Comunitaria explicaron que días después de ingresar a
Guatemala, les propusieron participar en el programa Movilidad Segura o
reasentamiento en Estados Unidos. En este proceso hubo una serie de entrevistas
con ACNUR, OIM y funcionarios estadounidenses con quienes algunos de los presos
políticos sostuvieron hasta seis horas de conversación. Las últimas etapas
consistían en atención médica y una charla cultural solo si eran notificados
positivamente.
Uno de los
nicaragüenses recordó que incluso a él le administraron las vacunas
correspondientes para ingresar a Estados Unidos. Pero, ya no lo llamaron para
continuar con el proceso. Todas estas etapas las iniciaron el 8 de septiembre y
terminaron en noviembre.
Los 90 días que
Guatemala les dio para su estadía trascurrieron y su situación migratoria no
había sido resuelta para la mayoría por lo que a inicios de diciembre les
extendió su estadía hasta el 27 de febrero.
Edder Muñoz recordó que
el 6 de octubre de 2024 el gobierno español les ofreció la ciudadanía a los 135
nicaragüenses. “Muchos lo dejamos pasar porque estábamos en ese proceso y nos
daban certeza de que era seguro que nosotros íbamos a reasentarnos en Estados
Unidos”, contó.
Según Muñoz, acudió a la
embajada de España en Guatemala en donde le dieron un formulario para continuar
con el proceso. Sin embargo, al pedir asesoría a la OIM y a ACNUR le pidieron
esperar la decisión de EE. UU. “Porque me daban la certeza de que era seguro
que nos iban a recibir allá”, agregó.
Ahora cuestionan por
qué no les explicaron en diciembre que debían de pedir refugio y abogan por que
sea extendida nuevamente la estadía mientras regulan su situación migratoria.
Un paso complejo debido a que el único documento que avala su existencia es el
pasaporte con el que salieron de Nicaragua.
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El 11 de septiembre de
2024, casi una semana después de llegar a Guatemala, la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua despojó a los 135 nicaragüenses de su nacionalidad y
ordenó la confiscación de todos sus bienes.
Este estatus, los
convierte en una persona apátrida (no es considerada como nacional por ningún
Estado conforme a su legislación) quedando vulnerables a sus derechos
fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la libertad de
movimiento.
La consecuencia de ser
apátrida la enfrentan en los últimos días. A partir del 9 de enero, ACNUR les
dio vía libre para trabajar en el país, comentaron los entrevistados.
Sin embargo, no poseen
un documento físico que avale el permiso de trabajo y quienes han recurrido a
buscar empleo las puertas se cierran cuando les solicitan papelería.
“Nos quitaron la
nacionalidad, no existimos. Somos fantasmas en un mundo que nos ve, pero
pareciera que no hay empatía sobre la situación de los nicaragüenses y no solo
es necesariamente nosotros sino hablo en general, exiliados, personas que huyen
por recobrar su tranquilidad o para ayudar a su familia que está en Nicaragua.
Hasta el momento lo único que deseamos es tener un momento, un día de paz un día,
de tranquilidad en el que podamos decir: ok, ya estoy planteado acá ahora por
mis méritos voy a seguir luchando para crecer como persona y unificarnos con
nuestras familias”, expresó Edder Muñoz, quien fue perseguido y encarcelado
tres veces por el régimen de Ortega.
Desde el 5 de
septiembre han enfrentado desafíos para establecerse en un país que le brinde
una nacionalidad y oportunidades de seguir creciendo. Foto de Meme Solano
La realidad cambió de
golpe
Su llegada a Guatemala
la describen como un golpe cambio de su realidad. Según recuerdan, el 4 de
septiembre, los 135 presos políticos fueron sacados de sus celdas. Aún
esposados los subieron en un bus y solo supieron lo que podía estar pasando
cuando observaron a un funcionario del gobierno estadounidense.
Mientras la noticia
circulaba en los medios de comunicación, el grupo de exiliados asimilaba de a
poco su nueva realidad tras pasar los últimos meses en celdas que solo
permitían dar siete pasos para movilizarse, en condiciones insalubres o con luz
artificial todo el día y noche.
“Toda nuestra
liberación se dio por organizaciones internacionales y funcionarios
estadounidenses. Ellos ya habían destinado un presupuesto para todos nosotros y
cuando venimos ya había reservaciones en hoteles, ropa, medicina, atención
médica, teléfonos, atención psicológica”, recordó Morales.
Unas semanas después de
haber llegado a Guatemala, se les comunicó la posibilidad de traer algún
familiar, esposa e hijos no mayores de 21 años para unificar su caso y poder
viajar a Estados Unidos. Pero, cinco familias fueron denegadas por Estados
Unidos.
“No sabemos cuáles
fueron los parámetros para que unos fueran denegados y otros aceptados. Traemos
pruebas suficientes de la persecución política y estar encarcelados
injustamente con procesos legales viciados, anómalos y falsos”, contó Morales.
Cuando llegaron a
Guatemala, el primer mes fueron hospedados en el área hotelera de la zona 10 y
9. Luego fueron separados en 10 grupos y distribuidos en número igual de
hoteles u hostales también ubicados en esas zonas y en las 13 y 14. Aunque
tuvieron atención médica y psicológica no se logró cubrir adecuadamente debido
a que sus heridas emocionales y cicatrices físicas son profundas, aseguran.
La reubicación en
nuevos lugares de hospedaje volvió a cambiar su realidad de golpe. Ya que en
una ciudad desconocida temían movilizarse.
Desde diciembre hasta la fecha, el grupo que queda en Guatemala se
encuentra dividido en cuatro hoteles. Según cuentan, la ayuda brindada por
ACNUR en un inicio fue de Q4,600 a la quincena y actualmente reciben Q2,000 al
mes. El núcleo familiar más grande está conformado por ocho miembros en donde
hay niños y niñas desde los dos años.
Sin embargo, ante la
reducción de los fondos todos han enfrentado crisis para lograr alimentarse y
cubrir otras necesidades.
Guatemala no es una
opción para pedir refugio ya que temen que su cercanía con Nicaragua pueda
afectar su integridad física como se ha documentado en Costa Rica en donde
desde el año 2018 exiliados nicaragüenses han sufrido atentados e incluso
secuestros que han terminado con su vida.
“Los tentáculos del
régimen no tienen fronteras”, dice Edder Muñoz. Recalcó que en los primeros
días de haber llegado al país en uno de los hoteles donde se hospedaban
llegaron camionetas con placas de Nicaragua. Eso les hace pensar en la
posibilidad de una persecución aun estando afuera del país.
“Queremos elegir un
país en dónde sentirnos seguros y que el régimen no llegue hasta allá. Muchos
de nosotros somos pruebas andantes de los crímenes que él (Ortega) perpetró.
Tenemos problemas psicológicos por las torturas que recibimos en las prisiones
y hay personas con secuelas físicas. Somos prueba de que sí hay tortura y
crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y este señor va a tratar a cualquier
costo eliminar esas pruebas”, manifestó el Edder Muñoz activista político que
desde la secundaria decidió alzar la voz en defensa de la democracia y los
derechos humanos de los nicaragüenses.
Su lucha llevó al
gobierno de Ortega a detenerlo, por primera vez, en 2018 cuando estallaron
masivas protestas para exigir la salida de Ortega de país. Pero, la policía y
paramilitares redoblaron la represión y el hostigamiento contra la población.
Casi siete años después, Ortega junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario
Murillo, continúan consolidando su poder callando a la oposición y cualquier
disidencia.
El silencio de las
autoridades
Prensa Comunitaria
buscó la postura de ACNUR y cancillería. Sin embargo, al cierre de la nota
ACNUR refirió un correo electrónico del departamento de Population, Refugees
and Migration de la embajada de Estados Unidos para obtener información.
En tanto, el Ministerio
de Relaciones Exteriores (MINEX) a través del departamento de comunicación
afirmó que el proceso está a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración por
ser extranjeros en Guatemala y el MINEX únicamente ve connacionales en el
extranjero.
Sin embargo, no sé
obtuvo respuesta por parte del IGM. “El MINEX) es el conducto para realizar
estos procesos entre países. Ya en Guatemala el IGM se encarga del seguimiento
de los extranjeros en Guatemala. Por lo que ellos llevan el registro y el
seguimiento de quienes permanecen y quienes salieron ya del país”, agregó la
vocería de cancillería.
Los nicaragüenses
afectados también afirman que han intentado acercarse con el gobierno de Arévalo
para exponer su caso. Sin embargo, no lo han logrado. Por el momento piden que
se les extienda el tiempo para estar en el país mientras regulan su condición
migratoria y que se les conceda un permiso de trabajo. En tanto, a ACNUR y las
otras organizaciones involucradas les solicitan su reasentamiento.
Está semana, ACNUR
volvió a citar a las personas expatriadas para ofrecerles un apoyo económico
único sin condicionamiento de refugio. Además, les presentaron los programas de
ACNUR para los refugiados en Guatemala.
Según información
proporcionada por los afectados, ACNUR les comentó que el Departamento de
Estado de Estados Unidos continúa con las gestiones para el reasentamiento.
